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La prueba pericial del juicio de los ERE

Esto no ha hecho más que empezar

Los nueve peritos en el estrado del juicio de los ERE.

Los nueve peritos en el estrado del juicio de los ERE. / Raúl Caro / EFE

EL juicio de los ERE ha acogido la primera sesión de la fase pericial y, tras los primeros tanteos y escarceos, ya han surgido algunos rifirrafes. Y eso que en las primeras horas de comparecencia, el fiscal delegado de Anticorrupción sólo ha comenzado a plantear cuestiones generales, sin entrar en el meollo de las principales discrepancias.

A priori, la primera sesión de esta prueba –que se espera se prolongue durante un mes– anticipa un debate mucho más intenso conforme se vayan abordando las cuestiones nucleares del juicio, como son la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las subvenciones de la partida 31L, la fiscalización de las ayudas, el papel de los responsables políticos en las distintas consejerías o si era necesario que el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez –uno de los 22 ex altos cargos procesados en este juicio– realizara el denominado informe de actuación, después de que no se atendieran sus numerosos avisos alertando de las irregularidades.

El tono dialéctico, según vaticinan ya algunas de las partes personadas en la causa, puede ir in crescendo y endureciéndose a medida que se vayan debatiendo los distintos aspectos abordados en los informes periciales, todo ello sin olvidar que todos los peritos tienen una alta preparación y brillantes currículos.

Además, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ya les ha advertido de que, aunque no estén de acuerdo con lo que estén afirmando los otros peritos, no pueden hacer gestos de aprobación o desaprobación, algo que prohíbe la ley de Enjuiciamiento Criminal. Tendrán tiempo de replicarles, pidiendo el turno al tribunal, y de hecho ayer ya hubo muchos peritos que levantaron la mano para poder intervenir al no estar de acuerdo con lo que estaban manifestando los peritos designados en su momento por la juez Mercedes Alaya.

En cuanto a la cualificación de los peritos, todos los de las defensas son catedráticos de diversas disciplinas del Derecho y la Economía que han realizado numerosas publicaciones –más de un centenar, según comentaron algunos–.

De los peritos de la IGAE, Ángel Turrión es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales; Eduardo Villaseca es licenciado en Derecho; y Rosa María Hernández, licencias en Ciencias Químicas. En total, según dijeron, acumulan más de 130 años de experiencia en el control de las cuentas de la Administración.En cuanto a los peritos propuestos por las defensas, Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago –propuestos por el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán– son catedráticos de Derecho Financiero y Tributario.

Por su parte, Juan Antonio Carrillo Donaire y Juan de Dios Jiménez Aguilera, que han realizado un informe a propuesta de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo son catedráticos de Derecho Administrativo y de Hacienda, respectivamente. Juan Ramallo Massanet –propuesto por la ex ministra Magdalena Álvarez– también es catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y miembro emérito del Tribunal de Cuentas Europeo, además de haber sido siete años diputado socialista en el Congreso. Y José Ignacio López, que ha realizado un informe para la defensa del ex consejero Antonio Fernández es catedrático de Derecho Administrativo.

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