Macrocausa en la Audiencia Nacional

Los hermanos Cuéllar logran la absolución de un sevillano implicado en el caso Fórum Filatélico

  • La sentencia ha absuelto a siete de los 27 condenados, entre ellos el defendido por Cuéllar y que se enfrentaba a una condena de 11 años de prisión y al pago de 3.700 millones de responsabilidad civil

Los hermanos Miguel y Adolfo Cuéllar, el primero y el tercero en la imagen. Los hermanos Miguel y Adolfo Cuéllar, el primero y el tercero en la imagen.

Los hermanos Miguel y Adolfo Cuéllar, el primero y el tercero en la imagen.

Los hermanos Adolfo y Miguel Cuéllar han logrado la absolución de un sevillano que se enfrentaba a importantes penas de hasta 11 años de cárcel por delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento continuado de cuentas societarias, en relación con la estafa del Fórum Filatélico. La sentencia dictada por la Audiencia Nacional se conoció el pasado viernes y en la misma han sido condenados con penas de hasta 12 años de cárcel 20 de los 27 acusados en este tortuoso proceso que se ha prolongado durante 12 años.

El caso Fórum Filatélico ha sido quizás el asunto de la historia judicial española en el que se ha pedido la mayor cifra por responsabilidades civiles y con mayor número de afectados, según ha recordado Miguel Cuéllar, que defendía a un sevillano, Francisco José L. G., que era consejero de la entidad y que ha sido absuelto doce años después y tras ocho meses de juicio. Se trata de uno de esos siete únicos acusados que han sido finalmente absueltos.

La persona defendida por el bufete Cuéllar y asociados era miembro del Consejo de Administración de Fórum Filatélico SA y delegado de la entidad en Andalucía y Canarias, donde implantó una amplia expansión de la empresa y de sus productos.

En 2006 se produjo la intervención judicial de la compañía y el cese de todas sus actividades, siendo detenido y pasando dos meses y medio en prisión, hasta que fue puesto en libertad provisional contra la entrega de fianza. Durante estos doce años ha tenido impuestas severas medidas personales, como la presentación quincenal en el Juzgado, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional, etcétera. Así como otras medidas reales: perdió todo su patrimonio al no poder atender las hipotecas por orden del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, le han supuesto su “muerte civil” pese a contar con el aprecio e incluso apoyo de los clientes perjudicados por el cese de actividad de la empresa, que sólo han recuperado el 20,5% de sus ahorros.

La intervención se produjo escasos días antes de la inauguración de la sede de Fórum en Sevilla, en el Palacio Ybarra de la calle San José, tras una importante obra de restauración y que recientemente la administración concursal ha vendido a una fundación islámica.

Las penas que se le pedían por estafa, insolvencia punible y falsedad contable se elevaron a 11 años y se le exigían unas responsabilidades civiles de más de 3.700 millones de euros.

El despacho de los hermanos Cuéllar se hizo cargo de su defensa en la mitad de la instrucción pidiendo su absolución. Tras el largo juicio en la Audiencia Nacional, que empezó en septiembre de 2017 y terminó en abril de 2018, se ha dictado ahora la sentencia absolutoria para este acusado.

La Sala ha entendido, conforme a la tesis de la defensa, que este acusado no conocía las patologías del negocio de Fórum y que su condición de consejero era testimonial, por lo que no cometió delito alguno.

"Desde el más absoluto respeto y consideración hacia los miles de afectados por el caso Fórum, la absolución de nuestro defendido y de los restantes consejeros (salvo el consejero-delegado) es de gran importancia, no sólo para el caso concreto en el que estábamos convencidos de su inocencia y de que no participó en acto ilícito alguno, ya que se dedicó a expandir la empresa y a procurar que los clientes estuvieran informados de su inversión y cobraran siempre lo pactado; sino para delimitar el ámbito de la responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas que debe ser individual y concreta", explicó ayer Miguel Cuéllar.

En definitiva, después de una "largo y durísimo proceso ha prevalecido la verdad, siendo lamentable que en España la presunción de inocencia ceda antes las medidas cautelares en este tipo de macrocausas, cuando sólo debería ser destruida en sentencia", concluyó el letrado.

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