La Audiencia de Sevilla celebra estos días un juicio por trata de seres humanos que ha sacado a la luz el drama de una nigeriana antes de llegar a España en patera: estuvo varios meses atravesando el desierto a pie y en furgoneta, se quedó embarazada y dio a luz, ejerció la mendicidad en Libia, fue vendida, atravesó Argelia, se embarcó en Marruecos en una patera y fue rescatada en alta mar por la Guardia Civil.

La Fiscalía de Sevilla pide diez años de cárcel para una ciudadana de Liberia, residente de Camas (Sevilla) que durante dos años obligó presuntamente a esta chica a prostituirse para pagar una deuda de 30.000 euros contraída durante el viaje. 

También son juzgados su hermano y su cuñada, que se enfrentan a condenas de 9 años y ocho años y medio de cárcel por supuestamente recoger a las chicas, reconducirlas al ejercicio de la prostitución y colaborar en las amenazas mediante vudú para cobrar de la deuda. 

Redada policial contra la prostitución

El fiscal les acusa de trata de seres humanos, prostitución coactiva y pertenencia a organización criminal, pues supuestamente formaban parte de un grupo que tenía sus raíces en Nigeria y disponía de agentes en todos los países de tránsito hasta llegar a España.

Ritos vudú como coacción

En su domicilio de Sevilla la Policía encontró bolsas con uñas y vello púbico manchado de sangre, con el nombre de la víctima, ya que, según el fiscal, amenazaban a las chicas con practicar ritos de vudú contra ellas mismas y sus familias si no accedía a ejercer la prostitución. 

La principal testigo protegido declarará el 4 de octubre por videoconferencia desde un lugar desconocido para preservar su seguridad. En su escrito de calificación, el fiscal relata que esta chica era huérfana y vivía con su abuela y hermanos. No tenía trabajo y comía una sola vez al día.

A principios de 2009 conoció en Benin City (sur de Nigeria) a un hombre que la convenció de trasladarse a Europa porque aquí podría encontrar trabajo. La joven emprendió “un duro viaje en unión de otras nueve chicas en furgoneta y a pie por el desierto hasta llegar a Libia”, relata el fiscal.

En el trayecto se quedó embarazada y dio a luz. Durante unos meses vivió de la mendicidad en Libia hasta que el agente de Nigeria la vendió a otro hombre que la trasladó a través de Argelia hasta Marruecos. 

Llegó a Tánger en febrero de 2010 y en la noche del 13 de agosto la embarcaron en una patera con destino a las costas españolas, en compañía de su bebé y otros compatriotas.

La Guardia Civil la rescató en alta mar y la trasladó a la Comisaría de Algeciras, tras lo cual quedó ingresada en un centro de la Cruz Roja. El mismo día de su llegada recibió una llamada de la principal acusada, L.A., dándole instrucciones para que se fugara e indicándole el lugar donde su hermano iba a recogerla.

Una nueva pesadilla en Sevilla

La víctima fue trasladada a Camas, donde L.A. le dijo que debía ejercer la prostitución para pagar una deuda de 30.000 euros. Al principio se negó, pero ante las amenazas del vudú y la “carencia de relaciones de todo tipo en nuestro país” acabó haciéndolo durante dos años en un polígono industrial de Sevilla, según la Fiscalía.

Cada domingo entregaba a L.A. una cantidad en metálico en concepto de renta por vivir en su casa, alimentación y pago de la deuda hasta que la Policía la detuvo por ejercer la prostitución y estancia irregular en España.

Entonces se trasladó a Málaga, donde permaneció dos meses hasta que la organización volvió a telefonearla, exigiéndole que continuara pagando la deuda y obligándole a trasladarse a Orense para trabajar en un club de alterne.

Allí trabajó entre febrero de 2012 y julio de 2015, pagando por transferencias a L.A., hasta que se negó a abonar los 4.000 euros que supuestamente le restaban. A partir de entonces tres miembros de la red “no dejaron de llamarle y remitirle mensajes por WhatsApp amenazando con causarle un mal a ella o sus familiares en Nigeria si no continuaba pagando”.

En su declaración en el juicio, L.A. aseguró que ella no se dedica a traer prostitutas sino que fue su marido -expulsado de España en 2012- quien le obligó a admitir a la víctima en su casa. Declaró que es una mujer maltratada, que el dinero que recibía de las chicas era por manutención y que cuidaba al bebé de su inquilina. 

También negó que fuese su letra la que aparece en unas anotaciones manuscritas encontradas en su casa donde, presuntamente, constan las víctimas de la organización, fechas y el dinero que iban pagando.

La principal acusada, de 38 años, está en prisión incondicional desde enero de 2017 y sus dos hijos bajo tutela de la Junta de Andalucía. Su hermano quedó en libertad bajo fianza de 2.000 euros a los cinco meses de ser detenido.