Carmen Hermosín | Primera consejera de Justicia de Andalucía

“Chaves es honesto y lo que está sufriendo es injusto”

  • El presidente "pudo cometer errores políticos y pudo haber falta de control, pero nadie que le conozca cree que haya robado"

  • La primera consejera de Justicia de la Junta (1994-2004) hace un repaso a las transferencias y lamenta no haber hecho una Ciudad de la Justicia en las capitales de provincia.

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El canal Juzgado de Guardia de Diario de Sevilla inicia una serie de entrevistas con quienes fueron consejeros de Justicia de la Junta de Andalucía. La primera, Carmen Hermosín Bono, lo fue entre 1994 y 2004 y recibió las competencias en 1997. En esta entrevista cuenta que se encontró unos juzgados “de vergüenza” y unas clínicas forenses “de película de miedo”. Recuerda la resistencia de algunos jueces a la informatización y lamenta no haber hecho una Ciudad de la Justicia al menos en las capitales de provincia. Sobre el juicio de los ERE, afirma que “nunca" se le hubiera pasado por la cabeza que habría dos ex presidentes de la Junta sentados en el banquillo”. De Manuel Chaves, que fue su presidente durante 14 años, opina que “pudo cometer errores políticos y pudo haber falta de control, pero nadie que le conozca cree que haya robado”.

—¿Como nació la Consejería de Justicia?

—Yo había sido consejera de Asuntos Sociales entre 1990 y 1994, en el primer gobierno de Manuel Chaves, y el trabajo me gustó mucho. Cuando terminó la legislatura,  el presidente me propuso asumir la consejería de Gobernación, que entonces era un cajón de sastre con varias materias como Protección Civil, una incipiente unidad de Policía Autonómica y una dirección general de Justicia con competencias menores como la formación.

Luego la denominamos de Gobernación y Justicia para cumplir el Estatuto de Autonomía, porque hasta entonces nadie se había ocupado de esas transferencias de Justicia. 

En aquella época era un tema conflictivo porque algunas comunidades habían empezado a pedir las transferencias, hubo recursos del Gobierno y unos años de inactividad hasta que el Tribunal Constitucional dijo que se podían transferir el personal y los medios materiales. 

Cataluña y el País Vasco ya tenían las competencias asumidas. Galicia, Canarias y Valencia negociaron en la misma época que nosotros, aunque cada una por su cuenta. Luego las comunidades autónomas pusimos en marcha unos órganos de coordinación que funcionaron muy bien. Se llamaban Mesas de Coordinación, porque entonces las conferencias sectoriales no existían. Cada equis tiempo nos reuníamos con el Gobierno y llegamos a pactar unas medidas que llamamos Pacto de Estado por la Justicia.

—¿Se hicieron bien las transferencias? 

—Nosotros siempre defendimos que las transferencias habían sido mal valoradas, aunque eso había pasado en otras áreas y no solo en Justicia. Como tradicionalmente en Justicia se ha invertido muy poco, salvo en las grandes ciudades, lo que había en cuestión de sedes era paupérrimo y las cantidades que el ministerio tenía previsto invertir en infraestructuras eran ridículas. Al final de la legislatura 2000-2004, nuestro presupuesto en infraestructuras eran más del doble de lo que habíamos recibido. 

—¿Qué recuerda de los primeros años?

—Uno de los recuerdos más siniestros que tengo es cuando nos tocaba ir a visitar los juzgados. En algunos sitios era dantesco, una auténtica vergüenza. Eso el ministerio no lo mantenía porque ni lo conocía ni lo veía.

Una de las primeras cosas que hicimos fue un Plan de Infraestructuras. En los lugares donde los Ayuntamientos pusieron más interés, enseguida se pudieron hacer cosas. Por ejemplo en Dos Hermanas se construyeron sedes nuevas. El Plan de Infraestructuras mejoró lo que estaba peor y las sedes con juzgados grandes.

La segunda prioridad fue cambiar el modelo de oficina judicial, que era decimonónico y, desgraciadamente, todavía responde a ese modelo. Tratamos de informatizar empezando por las cosas más sencillas pero había muchos jueces que se negaban a que entrara un ordenador en su despacho. Algunas personas pensaban que la llegada de la comunidad autónoma a la Administración de Justicia suponía que les íbamos a controlar.

—¿Cómo lo sacó adelante?

—Porque tenía un buen equipo. José Antonio Sainz Pardo, viceconsejero y profesor de Derecho, fue la persona clave porque tenía muy claro que eran unas competencias que Andalucía debía asumir. El director general Juan Carlos Campo, magistrado,  era una persona muy formada y con unas ideas modernas. Jesús Rodríguez Román era director general de Administración Local pero éramos un equipo de cuatro y trabajamos mucho juntos. Después se incorporó Rosa Bendala como directora de Relaciones con la Administración de Justicia.

—¿Cómo eran sus relaciones con el estamento judicial?

— Durante todo ese tiempo estuvo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Augusto Méndez de Lugo y tanto él como la mayoría de miembros de la Sala de Gobierno fueron muy receptivos, comprendían que no teníamos medios para afrontar todo lo que se necesitaba.

—¿La realidad fue un jarro de agua fría?

— No, porque en cierto modo lo sabíamos. Cuando asumimos las transferencias casi nadie tenía un buen criterio de la Justicia, sabíamos que nos metíamos un charco. Yo he sido siempre partidaria de hacer las cosas bien y si luego la gente se da cuenta, te dará votos.

Los abogados y los Institutos de Medicina Legal

—¿Como les recibieron otros sectores jurídicos?

—Se especializó y pagó mejor a los abogados de oficio, que estaban en la pura miseria. Los Colegios de Abogados nos recibieron muy bien, sobre todo  José Joaquín Gallardo [decano de Sevilla y portavoz de los andaluces].  Él comprendía que las transferencias nos venían bien a todos y que no podíamos pagar mil donde antes se pagaba cien. 

Los Institutos de Medicina Legal que recibimos eran de película de miedo. En Granada era algo fantasmagórico, un cubículo en un subterráneo. Allí se reformó con una gran labor de Miguel Lorente, que ya en aquella época empezó a trabajar en Memoria Histórica e hizo un proyecto para buscar a los desaparecidos con el ADN.

El germen de la Memoria Histórica

—La Memoria Histórica tuvo su germen en esta consejería...

—En Memoria Histórica hicimos muchas cosas desde muy pronto, tuvimos un Comisionado, manteníamos relación con las ONGs y con los sindicatos que ya trabajaban en ello.Desde la consejería hicimos algunos actos y sacamos un decreto para complementar el que había aprobado Felipe González para ayudar a los  militares republicanos. A la sombra de ese decreto hicimos en la legislatura 2000-04 un documental con el testimonio de esas personas.Lorente nos hizo un proyecto para agilizar la búsqueda de los cadáveres e identificar su ADN, fue el germen de lo que es ahora la Memoria Histórica.

La Ciudad de la Justicia de Sevilla

—¿De quien fue la idea de construir la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Los Gordales?

—Yo en Sevilla tenía un reto tremendo porque la única Ciudad de la Justicia que se consiguió hacer fue la de Málaga gracias a la colaboración del Ayuntamiento y a que Magdalena Álvarez [diputada por esa provincia] era consejera de Economía y Hacienda. Ella metió en el presupuesto de inversiones la Ciudad de la Justicia de Málaga y se hizo. Aquí en Sevilla siempre hubo muchas divergencias sobre la ubicación porque muchos colectivos querían que todo estuviera en el Prado de San Sebastián. Pero cuando te ponías a hacer un proyecto, no cabía. 

Pensamos mucho en la isla de la Cartuja, donde todavía había algunos huecos, en especial una franja paralela a la avenida Carlos III pero tampoco salió, nos dijeron que ya había mucha gente trabajando allí.

Los Gordales surgió hablando entre nosotros, probablemente se le ocurrió a Sainz Pardo, que vivía en el Aljarafe y pasaba todos los días por allí. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, estaba encantado y enseguida firmamos un preacuerdo de intenciones. Pero el gran problema de esos terrenos es que eran de Defensa y tenían pleitos interpuestos por particulares y por el Ayuntamiento. 

—¿Por qué no salió adelante?

—Lo que pasó es la incomprensión más grande que me ha podido ocurrir, el terreno está baldío pero el Ministerio de Defensa tiene por costumbre no dar nunca nada. La responsabilidad no fue de la Junta ni del Ayuntamiento, fue del ministerio de Defensa que no cedió ni un ápice ni tuvo ningún interés en deshacer el entuerto. El Ayuntamiento hubiera ayudado y nosotros habríamos sacado la inversión porque habiendo un terreno disponible, la inversión sale.

Era un sitio estupendo, había sitio de sobra y Monteserín tenía hasta elegido el nombre para la parada del metro que entonces estaba en construcción. Se iba a llamar Ciudad de la Justicia o Justicia simplemente. 

—¿Qué fue lo más positivo de su gestión?

—Que hicimos un gran esfuerzo para que la Justicia en Andalucía funcionase mejor y creo que ha sido así. También la informatización, que hoy nadie pone en duda y que supuso el embrión para una oficina judicial más moderna.

Yo creo que haber tenido las competencias de Justicia ha sido beneficioso para los andaluces, ha acercado la Justicia a los ciudadanos y estamos un poco mejor que antes de las transferencias.

—¿Qué lamenta de su mandato?

—El no haber podido afrontar en las capitales de provincia, y sobre todo en Sevilla como capital de Andalucía, una buena sede judicial. La verdad es que en Sevilla no lo hemos conseguido y eso es un escollo importante.

—Usted fue consejera durante 14 años con Manuel Chaves. ¿Qué siente al verlo sentado en el banquillo del caso de los ERE?

—Nunca se me hubiera pasado por la cabeza que íbamos a ver a dos presidentes de la Junta sentados en el banquillo, sobre todo a Manuel Chaves. En nuestras consejerías había una transparencia total. Todo el mundo sabe que Chaves es una persona honesta y lo que está sufriendo es totalmente injusto. Espero que alguna vez se solvente esta injusticia. Pudo haber errores de no haber inspeccionado más las cosas, de haber tenido más control, pero nadie que conozca a Chaves puede pensar que ha robado a nadie. 

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