La prueba estrella del juicio de los ERE

Los peritos de la defensa dicen que la consejería de Hacienda “tenía el grifo, pero no la llave”

  • El catedrático Juan Carlos Carrillo opina que la llave estaba "en la Intervención de la Junta y se llama informe de actuación"

  • Una veintena de irregularidades convertían las ayudas en "nulas de pleno derecho"

Una imagen en la que aparecen los tres peritos de la IGAE junto a otros de las defensas. Una imagen en la que aparecen los tres peritos de la IGAE junto a otros de las defensas.

Una imagen en la que aparecen los tres peritos de la IGAE junto a otros de las defensas.

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Un perito propuesto por la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo aseguró este miércoles en el juicio de los ERE que en esa consejería “estaba el grifo, nunca la llave” para pagar las ayudas investigadas.

El catedrático de Derecho Administrativo Juan Carlos Carrillo declaró al tribunal que juzga la pieza política de los ERE que “la llave estaba en la Intervención de la Junta y se llama informe de actuación”, advertencia del órgano de control que era la única que “podría haber elevado la competencia al Consejo de Gobierno” de la Junta.

El papel de la consejería de Hacienda “es de puro testigo”, dijo el perito, y añadió que ese departamento recibía los informes que abarcaban a todos los 117 entes instrumentales sometidos a fiscalización.

En esta nueva sesión del juicio con los nueve peritos continuaron las posiciones discrepantes entre los tres de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que hicieron su peritaje a petición del juzgado instructor, y los propuestos por las defensas de los 22 ex altos cargos juzgados.

Ángel Turrión, como portavoz de los peritos de la Intervención del Estado, declaró que de las 270 ayudas investigadas, “todas tenían en mayor o menor grado ese cúmulo de deficiencias” que les llevó a afirmar que “se había prescindido absolutamente del procedimiento establecido“.

El perito enumeró una veintena de irregularidades presentes en casi todos los expedientes, que los convertían en “nulos de pleno derecho”: no había norma reguladora, la imputación del gasto era inadecuada, las ayudas se daban sin solicitud, la Memoria Justificativa “no justificaba nada y era un simple papel”, los pagos se fraccionaban para que no superaran el límite para pasar por el Consejo de Gobierno de la Junta y las concedía el director general de Trabajo sin tener competencias para ello.

Tampoco existía publicidad pese a que “la normativa expresamente lo recogía”, no se incluyeron en la base de datos de subvenciones, la Junta no exigía a las empresas estar al día de sus obligaciones fiscales y las Declaraciones de Intenciones no concretaban nada.

¿Esas irregularidades hubieran impedido el pago?, preguntó el fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaba. “Absolutamente”, respondió el portavoz de los interventores del Estado.

Por su parte, los peritos de la defensa insistieron en que el hecho de que el IFA recibiese fondos de otros programas “no es equivocado ni ilegal” y el economista Juan de Dios Jiménez, propuesto por la defensa de Carmen Martínez Aguayo, insistió en la legalidad de las llamadas modificaciones presupuestarias, mecanismo “usual y normal en cualquier administración pública”.

Solo en la Junta de Andalucía, afirmó, suponen un porcentaje elevado de su presupuesto anual: en 2004 fueron el 7,68%, en 2005 ascendieron al 6,08%, en 2008 pasaron al 10% y a partir de ahí empezaron a bajar hasta 2011, cuando supusieron el 3,55%.

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