Una imputación contundente y de especial gravedad. La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que investiga la macrocausa de la mafia del taxi, ha atribuido este jueves a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi delitos de asociación ilícita, coacciones y daños, en una de las piezas en las que se investiga el monopolio de la parada del aeropuerto de Sevilla, así como las coacciones y daños causados a otras empresas del sector del transporte, como los Vehículos de Transporte Concertado (VTC), los autobuses públicos de la empresa municipal Tussam y al propio aeropuerto de Sevilla. Para la juez, la asociación forma parte supuestamente de una “organización delictiva” para mantener el control del servicio en el aeródromo sevillano, lo que a su juicio ha ocasionado un “grave perjuicio” tanto al sector del transporte como a la “ciudad en general”.

Ante la instructora ha comparecido esta mañana el presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, en su condición de representante legal de esta asociación, a la que la juez ha citado como persona jurídica en calidad de “investigada”.

La magistrada ha realizado a la asociación una imputación formal que incluye tres delitos graves. La juez ha imputado a Solidaridad del Taxi en los términos de “constituir una organización delictiva que sirva de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto de vehículos con conductor como incluso los servicios municipales”.

Dice la juez que la asociación ha “fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposiciones de sanciones, tanto económicas de privación de participar en ese servicio monopolizado temporalmente, con unas normas, catálogos de conductas, ni publicados ni aprobados en forma alguna”.

También considera la instructora que la asociación, como persona jurídica, ha dirigido conductas para la constitución de tales fines “contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede, relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales, implicando todas estas conductas un grave perjuicio al sector del transporte y a la ciudad en general”.

Tras la lectura de la imputación formal al representante de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras se ha acogido a su derecho a no declarar, como ya hiciera cuando fue investigado inicialmente a título individual en esta macrocausa. A la salida de la declaración, Filgueras ha comentado a los periodistas que si no declaró con anterioridad no tenía sentido hacerlo ahora, cuando ha acudido como representante legal de Solidaridad del Taxi. El presidente de la asociación ha anunciado, asimismo, que en menos de un mes se jubilará.

De otro lado, la juez ha realizado recientemente un ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Sevilla para que se persone en la causa en calidad de “perjudicado”, una decisión que esta asociación ha recurrido porque entiende que el Ayuntamiento no es perjudicado en este proceso y además entiende que el ofrecimiento de acciones al Consistorio añade un “plus de presión” al macroproceso de la mafia del Taxi.