Magrudis

“Vamos a ser más famosos que El Lute”

  • Los pinchazos telefónicos corroboran que el dueño de Magrudis ocultó el positivo en listeria.

  • Se quejaban de la repercusión mediática del caso y bromeaban con el brote de listeriosis que ha matado a cuatro personas

El gerente de la empresa Magrudis, José Antonio Marín (i), y su hijo Sandro José (d), custodiados por la Guardia Civil en los juzgados.

El gerente de la empresa Magrudis, José Antonio Marín (i), y su hijo Sandro José (d), custodiados por la Guardia Civil en los juzgados. / EP

Las intervenciones telefónicas son sin duda un elemento relevante de muchas investigaciones policiales, a veces incluso son la base que sirve para acreditar los indicios criminales. En el caso del brote de listeriosis detectados en los productos comercializados por la empresa sevillana Magrudis, la Guardia Civil mantuvo pinchados durante 21 días, entre el 4 y el 25 de septiembre, los teléfonos del dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y de su hijo Sandro José, y también fue intervenido aunque posteriormente el móvil del comercial Federico Rodríguez, también investigado en la causa.

A través de esas escuchas, los investigadores pudieron corroborar cómo el propietario conocía desde el mes de febrero el contagio y, sin embargo, lo ocultó durante seis meses a las Administraciones Públicas, hasta que finalmente en agosto se decretó la alerta sanitaria por un brote que, no puede olvidarse, ha causado la muerte de tres personas y siete abortos. En esas conversaciones telefónicas, los principales investigados se quejan además de la “persecución periodística” y hablan de las “medidas de seguridad” que deben adoptar, no sólo por el seguimiento de la prensa, sino por las posibles intervenciones telefónicas, llegando en alguna ocasión a comentar entre ellos que no deben hablar mucho por teléfono. Pero además, las escuchas revelan cómo en diversas ocasiones bromean sobre el brote de listeriosis que han ocasionado, llegando a jactarse de haber provocado la “mayor intoxicación de listeria en España que se ha producido en la vida”.

Pero la principal conversación a efectos de la investigación es la que se produjo el 12 de septiembre, a las 19:26 horas, entre el dueño de Magrudis, José Antonio Marín, y su hermano. La conversación arranca con una broma, en la que José Antonio le comenta a su hermano “Illo, ¿Quieres un bocadillo de carne mechá, así sin hornear?”, pero en el transcurso de la misma el propietario confirma que en febrero conocía el brote de listeriosis y retiró parte del lote contaminado. “Eran muy pocos kilos y yo los retiré del mercado y Santas Pascuas. ¿Qué iba a hacer? No lo iba a dejar”, le comenta a su hermano.

En ese diálogo interceptado por la Guardia Civil, el hermano del propietario comenta asimismo que se habían acercado a su domicilio periodistas con una cámara para grabarle, y añade que van a ser “más famosos que el Lute”, a lo que José Antonio responde: "Además de verdad".

Los teléfonos móviles del dueño y su hijo Sandro estuvieron 21 días intervenidos

Este tono jocoso y bromista ya aparece en otras conversaciones grabadas, como la que tuvo lugar el 5 de septiembre a las 20:20 horas, en la que el hermano del dueño de Magrudis habla con su sobrino Sandro José, que permanece en prisión provisional junto a su padre desde el pasado 26 de septiembre. En esta conversación, tío y sobrino hablan de la repercusión mediática que está generando el brote de listeriosis y de que esperan que se acabe porque ambos están “cansados”.

Según los investigadores de la Guardia Civil, parte del diálogo se produce en tono jocoso y riéndose, llegando a afirmar el tío en un momento de la misma que les ha venido “del carajo la muerte de Blanca Fernández Ochoa”, porque el fallecimiento de la esquiadora es noticia y de esta forma pierde importancia la del contagio de la carne mechada.

A continuación, le dice al sobrino que "la próxima vez acaban en el talego”, lo que provoca nuevas risas, y además se jactan de que han provocado el mayor brote de listeriosis en el país.

Otra de las conversaciones fue interceptada a las 12:47 horas del 11 de septiembre, entre el propietario y un empleado que le comenta que ha estado retirando mercancía de un establecimiento. El trabajador le comenta que la mitad de las tarrinas están vacías y la otra mitad “caducadas” desde el mes de junio. Al conocer que las mismas estaban caducadas, el dueño dice lo siguiente: “Luego dirán que la gente se pone mala con nuestros productos. Me cago en la hostia”.

En otra de las escuchas, correspondiente a una llamada realizada el 8 de septiembre, el dueño de Magrudis comenta que ha cambiado de abogado y su interlocutor le dice que el anterior letrado “para estos temas se quedaba cortito”. En otros pinchazos hablan del pago de los honorarios que, por importe de varias decenas de miles de euros, ha realizado al nuevo bufete que los representa en la causa judicial abierta.

Con estos abogados también mantuvo el dueño de Magrudis diversas conversaciones previas a su detención que fueron captadas “de forma accidental”, pero la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, acordó en un auto dictado el 10 de octubre el borrado de todas esas conversaciones del investigado con sus abogados, con la finalidad de “no lesionar el derecho de defensa”.

Cuantos más papeles “quiten de en medio mejor”

En otra de las conversaciones, en este caso entre el comercial y el dueño de Magrudis, hablan de unos “papeles” que no son importantes, pero en cualquier caso señalan que “cuantos más quiten de en medio mejor”.

Esta conversación fue grabada el 13 de septiembre, a las 10:48 horas. Ese mismo día, sobre las 11:36 horas, José Antonio comenta que la semana que viene se reúne con el Ayuntamienmto para darles “las cuatro chuminás”, que ya le han “desprecintado la nave que tenía precintada parcialmente”, y en el mismo diálogo revela que tiene que cobrar “unos 100.000 euros más o menos de los proveedores”, según los investigadores.

Tiró la carne a la basura por desconocimiento

El dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, alegó en su declaración ante la juez Pilar Ordóñez que arrojó el resto de la carne contaminada a la basura porque no sabía que tenía que haberla destruido a través de una empresa autorizada.

Según Marín Ponce, se trataba de unos siete u ocho kilos de carne que habían retirado después de que les confirmaran en febrero el positivo en listeria correspondiente a un lote que había sido fabricado en diciembre de 2018.

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