La Guardia Civil ha imputado en la investigación de Magrudis al arquitecto que elaboró la "declaración responsable" de inicio de la actividad de la empresa que causó el brote de listeriosis, que fue presentada en el Ayuntamiento en diciembre de 2018 pero que el Ayuntamiento metió en "un cajón" por falta de personal.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil explican en un informe remitido al juzgado que el arquitecto que presentó dicha declaración, como técnico redactor del proyecto, ante el Ayuntamiento de Sevilla, "cometiendo numerosas inexactitudes y deficiencias en la documentación y proyecto". Según los investigadores, algunas de esas deficiencias eran "graves y de carácter esencial, dando apariencia de legalidad a una actividad no controlada y que se quiere legalizar, con el objeto de obtener un lucro económico".

La Guardia Civil le atribuye delitos de falsedad y pertenencia a grupo criminal

El arquitecto investigado fue citado por la Guardia Civil a declarar el pasado 23 de octubre, pero se acogió a su derecho a no declarar. La Guardia Civil le imputó delitos de falsedad documental y de pertenencia a un grupo criminal, delito este último que han atribuido igualmente a las otras personas investigadas en la causa judicial.

En cuanto al delito de falsedad documental, los agentes atribuyen al arquitecto haber presentado dicha declaración responsable ante el Ayuntamiento de fecha 11 de diciembre de 2018, "cometiendo tanto en la documentación como en el proyecto falsedades, inexactitudes y deficiencias".

Esas falsedades, según los agentes, permitieron a Magrudis el ejercicio de su actividad de elaborados cárnicos "con el objeto de obtener un lucro económico, que a la postre llevan a varios casos de intoxicaciones, incluida la alerta sanitaria por intoxicación masiva por listeria monocytogenes, la cual genera una alerta sanitaria a nivel nacional y europeo, con positivos en dicha cepa, tanto en las instalaciones, en productos elaborados y en 193 personas", precisa el informe policial remitido al juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.

En cuanto al delito de pertenencia a grupo criminal, la Guardia Civil considera que la actividad del arquitecto se produce "con objeto de poder realizar un proyecto para legalizar la actividad, con las falsedades y errores contemplados, así como la presentación junto al promotor de dicho proyecto y documentos ante el Ayuntamiento".

La Guardia Civil considera que el arquitecto es "conocedor de que el conjunto del proyecto no queda dentro de los previstos en la ordenanza vigente para tramitarse por declaración responsable" y así añade que éste "acomoda el contenido de parte del proyecto" a la "situación más favorable de cara a la legalización del funcionamiento de Magrudis”.

El informe incluye la declaración de varios funcionarios del Ayuntamiento, una de la cuales reconoce que ante la falta de personal, el expediente de Magrudis "lo metió en una caja" y de ahí se produce la "demora en generar el expediente a fecha 28 de diciembre de 2018". Según esta funcionaria, ya se había comunicado "varias veces" la falta de personal a la Sección de Personal del Ayuntamiento hispalense.