La Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de Conil (PAVIC), ha iniciado una campaña de recogida de firmas con la intención de pedir un tercer grado o un indulto para Rosario Sánchez Leal, una conileña y miembro de este colectivo que se encuentra ingresada en el Centro Penitenciario Puerto III al no haber atendido un requerimiento judicial que le instaba al derribo de su casa.

La campaña propuesta por la Plataforma se prolongará hasta el próximo 25 de marzo

Estas firmas serán remitidas a la abogada de Rosario para que acompañen la petición de un indulto o un tercer grado. La campaña se prolongará hasta el día 25 de marzo, “ya que se pretende recoger el mayor número de firmas en el menor tiempo posible”, según ha explicado, Sergio Cáceres, portavoz de este colectivo vecinal.

En su opinión, “esto es la derrota del sistema”, preguntándose “cómo no es posible que no se pueda llegar a un entendimiento entre la administración y la situación de esta señora con su vivienda, como sería pagar las tasas que no pagó o una multa para ponerse bien con la justicia”.

Cáceres, ha apuntado que el suelo donde se asienta la vivienda de Rosario Sánchez, es de especial protección, pero entendemos que “hay casos de cambios de suelo, y la ley es ley, pero nadie dice que sea justa”. Para este portavoz asociativo, “esto no es el principio, ella es una más, ya que tenemos compañeros en esta misma situación, pero su punto actual en el procedimiento judicial no sea tan avanzado, pero sí tenemos gente que está con sus últimos recursos ante la demolición”. Según asegura, unas 25 personas de la Plataforma tienen sentencia de demolición y están en el trámite de apelación e intentar defenderse como puedan.

Este portavoz de la PAVIC no entiende “un ingreso en prisión de un señora sin antecedentes”. A reglón seguido expone que “yo sé que el juez aplica la ley, y ante esto no hay ningún tipo de discusión, el juez ordena el derribo de la vivienda una y otra vez, a lo que cual se le interponen apelaciones, eso lo hacen todos los afectados, pero lo que pasa es que Rosario, sino recuerdo mal, su caso es de 2006, estamos hablando de que ha pasado muchísimo tiempo, entonces, el juez aplica la ley y ante eso no podemos decir nada”.

Nosotros como plataforma y como vecinos “vemos la realidad de la zona, porque no es una casa que Rosario haya hecho en mitad de la nada, hay más de 7.000 viviendas en Conil y más de 300.000 viviendas en toda Andalucía construidas de esa forma, como en el caso de Conil porque no hay más opciones para tener una vivienda y las que hay están a precio de capital, es una barbaridad, entonces, un ingreso en prisión, sin poder llegar a un acuerdo, sin poder llegar a una solución para esta señora, sin antecedentes ninguno, nos parece totalmente desproporcionado”.

A esta campaña se han sumado muchos grupos sociales y vecinales como la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares del Palmar (PAVIP), en Vejer, cuyo portavoz, Manuel Martín, lamenta que se haya tenido que llegar a esta situación, de la que culpa también a los responsables municipales, que en su opinión no han dado una solución a muchas de las viviendas irregulares que existen en la zona.