El Partido Socialista de Barbate ha anunciado que llevará a la Fiscalía la documentación relativa a una deuda de 63.000 euros que reclama la Agencia Tributaria al Ayuntamiento de Barbate, por no haberle practicado las retenciones en nómina a un trabajador municipal. La Agencia Tributaria deriva la responsabilidad al Consistorio por una presunta “mala praxis”, y será el pueblo de Barbate, según el PSOE, el que tenga que pagar ese importe económico no retenido.

Desde el Partido Socialista aseguran que le han comunicado al alcalde, Miguel Molina, que desde el primer momento que “no iban a permitir que la deuda la pagase el municipio de Barbate” y para ello le han solicitado, que realizase las gestiones oportunas a este respecto, según ha destacado, María Dolores Varo, portavoz de esta formación política socialista.

Por su parte, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barbate con el alcalde, Miguel Molina, a la cabeza, ha salido al paso de la información. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha estimado dar las explicaciones oportunas para tranquilidad de los ciudadanos y del resto de grupos políticos.

Así, en un comunicado, se expone que el Ayuntamiento de Barbate recibió hace aproximadamente un año una resolución inicial de la Agencia Tributaria en la que reclamaba “de carácter solidario” una deuda referente a un trabajador municipal, relacionado con las prácticas de embargos. Vistos estos hechos y en virtud de sus competencias, el Consistorio asegura que presentó una serie de alegaciones en defensa de los intereses de la Administración local.

Sobre este asunto también se ha pronunciado la presidenta local del PP, María Moreno, quien ha solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para que se den todas las explicaciones oportunas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), también anuncia que llevará a la Fiscalía el “presunto beneficio económico del interventor municipal de Barbate, embargado por Hacienda”. Este sindicato pide que se investigue el incremento de las “retribuciones de dicho trabajador, con el supuesto beneplácito del equipo de Gobierno, que vendría a cubrir prácticamente las cantidades adeudadas a la Agencia Tributaria”. La CSIF teme que se esté presionando a empleados municipales para que el Ayuntamiento pueda sufragar el embargo, que ascendía a unos 190.000 euros en el año 2016.

El propio afectado también se ha pronunciado a este respecto. En escrito de cuatro páginas, José Ramón Salas, actualmente Interventor del Ayuntamiento, expone que con motivo de las opiniones vertidas por distintas partes sobre el Acuerdo (no firme) emitido por la Agencia Tributaria sobre la declaración de responsabilidad tributaria de carácter solidario en aplicación del artículo 42.2.B de la Ley 58/2003, General Tributaria, del Ayuntamiento de Barbate por incumplimiento la orden de embargo dictada en la diligencia de embargo de sueldos salarios y pensiones, se ve en la obligación, ante la versión de los “hechos torticera, manipulada e injusta que está recibiendo la opinión pública sobre mi actuación y persona”, quiere exponer que se compromete “pública y personalmente a abonar/reintegrar cada céntimo de euro que el Ayuntamiento de Barbate tenga que pagar por la responsabilidad tributaria solidaria derivada del incumplimiento de la orden de embargo dictada por la Agencia Tributaria contra su persona”.

Una única condición que impone es que “se ejerciten todas las acciones legales a través de los recursos administrativos que asistan al Ayuntamiento al considerar, como expongo en el escrito de alegaciones (27 folios) que, en defensa de los intereses del Ayuntamiento, he presentado al alcalde y al Departamento de Recursos Humanos, que la Agencia Tributaria carece de razón jurídica como para derivar dicha responsabilidad tributaria al Ayuntamiento de Barbate”.