Hace más de seis años la Asociación de Comerciantes de Zahara (ACOZA), y algunos representantes de partidos políticos decidieron interponer una querella criminal contra el que era alcalde de Barbate, el socialista, Rafael Quirós y la que en ese momento era diputada de Turismo y actual portavoz del PSOE barbateño, Mari Loli Varo, entre otros querellados, por la construcción de un emisario submarino situado entre Barbate y Zahara de los Atunes, y que según los querellantes, se había construido sin los permisos pertinentes.

Según han apuntado Quriós y Varo, seis años después, se demuestra que la tubería submarina contaba con todos los permisos reglamentarios, siendo una solución provisional del desvío del vertido de la depuradora durante la temporada estival, hasta que se construyese la nueva estación depuradora, que tiene que construir el Gobierno Central.

Han salido de la causa los ediles, Rafael Quirós, Mari Loli Varo y María José Corrales

La querella criminal que presentaron contra el exalcalde, y Mari Loli Varo, concejala socialista en el equipo de Gobierno de Rafael Quirós, y por la que les pedían cinco años de prisión provisional mientras se juzgaba el caso y que podría haber terminado en la cárcel y con multas millonarias para ambos, ha sido sobreseída por la Audiencia Provincial, poniendo fin a seis años de “incertidumbres para ambos y sus familias”, según se ha expuesto en un comunicado remitido por la Agrupación Local Socialista.

Tras conocerse esta nueva situación, ambos van a valorar si emprender acciones legales contra quienes les acusaron de tal delito, y de la forma en que lo hicieron, ya que, según exponen, optaron por poner una querella criminal contra ellos en lugar de una demanda, “a sabiendas de que se contó con los permisos pertinentes ya que se les entregó la documentación en su momento”.

Además se expone que se ha demostrado que “esa obra no ha perjudicado en nada a la calidad de las aguas de baño de Zahara de los Atunes y sí que ha aliviado a la playa del Carmen de Barbate, años en los que nuestros vecinos han podido disfrutar de la calidad excelente del agua gracias a esa obra provisional hasta que se construyese la nueva depuradora”.

La defensa de los comerciantes (Acoza) solicitó una pena de cárcel de cinco años

De esta causa también se ha sacado a la entonces concejala de Urbanismo y responsable del Área de Medio Ambiente, María José Corrales, que en el momento de la presentación de la querella, apenas llevaba cinco meses al frente de estas competencias, cuando el proyecto databa de varios años antes, en concreto de 2011.

María José Corrales, formaba parte del nuevo equipo de gobierno que estuvo liderado por el actual alcalde, Miguel Molina, que sigue incluido en el procedimiento.

Fue en noviembre de 2016 cuando la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, admitía la denuncia presentada seis meses antes por varios colectivos de Zahara de los Atunes y que iba contra el actual alcalde de Barbate, el andalucista, Miguel Molina, y contra su predecesor en el cargo, el socialista, Rafael Quirós, entre otros.

El vertido de las aguas fecales provenientes de la depuradora de Barbate a través de un emisario submarino que arrojaba esas aguas sucias directamente al océano Atlántico se consideró que podría suponer un delito contra los recursos naturales y el medioambiente que está penado incluso con la cárcel.