Uno de los imputados por promover la protesta celebrada el pasado 25 de septiembre ante el Congreso de los Diputados ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional una querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al considerar que fue este órgano gubernamental el que "promovió y orquestó" la alteración del orden que tuvo lugar en las inmediaciones del edificio parlamentario. La querella solicita al juez Santiago Pedraz que tome declaración a la delegada en calidad de imputada por la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado, tipificado en el artículo 494 del Código Penal, el mismo que se imputa a los organizadores de la manifestación y a los 35 detenidos en la protesta. 

El escrito argumenta que la actuación de la Delegación de Gobierno "fue la mejor promoción y difusión que podían haber siquiera soñado las convocatorias del 25-S". Así, detalla que, a pesar de conocer la apertura en el juzgado dirigido por Pedraz de unas diligencias de investigación sobre la convocatoria de la manifestación, la delegada decidió autorizar la marcha de forma "verdaderamente insólita". La querella, firmada por el abogado Jesús María Díaz Formoso, se refiere a las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación y que apuntaban a que los desórdenes fueron iniciados por policías de paisano infiltrados entre los manifestantes. Díaz Formoso defiende así que las protestas fueron fruto de "una trama organizada desde las instancias del poder estatal y ejecutada precisamente por quien tiene la obligación de velar y garantizar el ejercicio de sus derechos por parte de los ciudadanos".