El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad dar trámite a la impugnación presentada el pasado viernes por el Gobierno contra el denominado "proceso participativo", la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre, han informado fuentes del tribunal de garantías. La admisión, dada a conocer casi tres horas después de reunirse el Pleno, conlleva la suspensión durante al menos cinco meses de la convocatoria y la de sus actos de preparación con fecha del pasado viernes, que fue cuando se presentó el recurso, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución. La providencia no incluye advertencia expresa al Govern sobre la obligación del cumplimiento de dicha suspensión vía el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a pesar de haberlo solicitado la  Abogacía del Estado en el texto de la impugnación. Este artículo establece que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva".

El Ejecutivo aportaba como pruebas de incumplimiento de la Constitución la web participa2014.cat, las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, Artur Más, su vicepresidenta, Joana Ortega, y el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. Tras la admisión a trámite, y como consecuencia de la aplicación del citado artículo 161.2, el tribunal de garantías establece que debe entenderse que quedan en suspenso "los actos impugnados así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella".

El tribunal acuerda también dar traslado de la demanda al Gobierno de la Generalitat, que dispone de un plazo de 20 días para formular las alegaciones que considere convenientes. Se ordena igualmente publicar la incoación de la impugnación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, lo que supone la suspensión de los actos previstos de cara a terceros. Esta admisión, según ha informado el Constitucional, no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que se resolverá en próximas fechas. Además del recurso de la Abogacía del Estado, los doce magistrados del Tribunal Constitucional tenían sobre la mesa un escrito del Gobierno catalán que pide que la iniciativa del Ejecutivo no se admita a trámite por entender que supone un "uso desproporcionado y abusivo" del derecho. Se ha limitado a incorporarlo a las actuaciones.

Los Servicios Jurídicos del Estado alegan en su impugnación que la nueva convocatoria vulnera los artículos 1.2 y 2, 23, 81, 92, 149.1.32º y 168" de la Constitución. El Ejecutivo solicitaba al alto tribunal que suspendiera la convocatoria y anule todos los actos "tendentes a preparar la consulta", así como cualquier actuación "aún no formalizada jurídicamente". A diferencia de lo ocurrido con este recurso, el presentado contra el decreto de convocatoria de la consulta inicial y contra la Ley aprobada para darle cobertura legal tuvo que resolverse en una semana en la que inicialmente el Constitucional no tenía previsto pleno ordinario, por lo que convocó uno de urgencia apenas siete horas después de presentarse las impugnaciones.

De hecho, y de forma inédita, el Pleno emitió un comunicado en el que explicaba que su premura en reunirse y resolver el asunto obedecía a que era consciente de "la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas". Añadía que esta trascendencia en resolver debía entenderse "para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana". Estas explicaciones no se han dado en esta ocasión. 

El 'Govern' mantiene el 9-N y demandará al Ejecutivo

Por su parte, el consejero catalán de Presidencia, Francesc Homs, ha asegurado que el Govern "mantiene" el proceso participativo para "garantizar la libertad de expresión" y que lo hará "a todos los efectos" y "con todas las consecuencias", al tiempo que denunciará al Gobierno ante el Supremo por vulneración de derechos fundamentales. Así lo ha explicado Homs en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gobierno catalán, después de que el Tribunal Constitucional haya acordado por unanimidad la suspensión provisional del proceso participativo del 9-N a petición del Gobierno, que considera que la Generalitat pretende desarrollar la consulta soberanista inicial, también suspendida, a través de un mecanismo alternativo.

Homs ha afirmado que el Govern está "tranquilo" y, ante reiteradas preguntas sobre si habrá urnas el 9-N en los puntos de votación, ha afirmado que "el Govern mantiene el proceso participativo con todas las consecuencias", aclarando que en esta frase está "implícito" que no hay ningún cambio tras el fallo del Constitucional. Si el pasado viernes compareció el presidente catalán, Artur Mas, para reaccionar a la impugnación del Gobierno central, en esta ocasión ha sido Homs el que ha comparecido ante los medios tras la reunión ordinaria del Ejecutivo catalán, que se ha alargado una hora más de lo habitual.

En cuanto a la decisión del alto tribunal, Homs ha incidido en que hay una "confusión" porque "se nos dice que no podemos hacer una cosa que no hacemos -ha afirmado-", por lo que el Govern no se da por aludido. En la línea con la posición que defiende la Generalitat de que el nuevo 9-N no es la continuidad de la anterior consulta, Homs ha agregado que no cree que actúe la fiscalía: "Espero que todos cumplan con la ley".

Homs ha afirmado que el Govern mantiene el 9-N para garantizar "la libertad de expresión", que la Generalitat presentará alegaciones al alto tribunal contra la suspensión y que el presidente catalán, Artur Mas, denunciará al Gobierno central ante el Tribunal Supremo por bloquear, a su juicio, derechos fundamentales como el de la participación ciudadana. Preguntado por si el Govern pasará el relevo a las entidades de la sociedad civil para que hagan ellos el 9-N, ha afirmado: "Todo está a punto para el 9-N y el Ejecutivo catalán mantiene el proceso participativo que es una forma de garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos; más claro, agua".

El portavoz de la Generalitat ha asegurado que el Govern "nunca hará nada en contra de la libertad de expresión e ideológica de las personas" y ha apuntado que se está "entrando en un gran homenaje a la absurdidad", acusando al Gobierno central de querer prohibir "la libertad de expresión". Homs ha remarcado que todos los que participarán el 9-N, funcionarios incluidos -directores de institutos-, no deberían tener "nada que temer" porque, ha recordado, "son voluntarios".

El Pacto del Derecho a Decidir se reunirá el viernes para "avalar" el 9-N

Las entidades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir se reunirán el viernes para "avalar" el proceso participativo del 9 de noviembre tras la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, según ha informado el coordinador general de CDC, Josep Rull. Rull ha comparecido en rueda de prensa junto con la portavoz de CDC, Mercè Conesa, en la sede del partido exhibiendo las papeletas con la pregunta del 9-N, para reafirmar el compromiso de la formación de Artur Mas con el proceso participativo.

El número dos de CDC ha asegurado que el viernes tendrá lugar la quinta reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que coordina el ex presidente del Parlamento y ex dirigente de Unió Joan Rigol, una plataforma que aglutina a las entidades proconsulta. Según Rull, la reunión del viernes, que tendrá lugar en el Parlamento, servirá para "avalar" un proceso participativo que, a su juicio, se inscribe en la "normalidad democrática" pese a que haya sido suspendido por el Tribunal Constitucional, al que ve como una "correa de transmisión" de lo que dice el Gobierno del PP.

El líder convergente ha puesto en valor que una plataforma tan "extraordinariamente transversal" como el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir apoye el 9-N después de la decisión del alto tribunal. Unas 50 entidades, además de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, son las precursoras del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que se reunirá el viernes por quinta vez esta legislatura tras la última cita que tuvo lugar en el Parlamento el pasado 24 de octubre.

Catalá cree que Mas acatará la suspensión porque está sometido a la ley

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confiado en que Artur Mas cumpla la decisión del Tribunal Constitucional porque su Gobierno, como cualquier otro, está sometido a la ley. Catalá no ha querido aventurar que pasará si la Generalitat sigue adelante con su iniciativa, ya que está convencido de que cualquier Gobierno "sometido a la Ley y al ordenamiento jurídico" lo que debe hacer es "suspender la consulta y no llevar a cabo actuaciones que contradigan la decisión del Constitucional". Ha recordado que el Gobierno presentó una impugnación porque consideró que algunas actuaciones de la Generalitat, como la creación de un página web, las puesta a disposición de locales o el requerimiento a funcionarios para participar en la consulta estaban directamente relacionadas con ésta, que ya había sido suspendida por el alto tribunal.

El Constitucional ha suspendido esas actuaciones y las que "puedan desarrollarse en el futuro", ha indicado Catalá antes de insistir en que "cualquier Gobierno, como es lógico y razonable, sometido a la Ley y al ordenamiento jurídico lo que tiene que hacer, y estoy seguro que lo hará, es suspender esa actividad institucional" y no llevar a cabo otras que contradigan lo que el Constitucional le ha mandatado. Todos los gobiernos, ha enfatizado el ministro, están para cumplir las leyes y gestionar los asuntos de los ciudadanos, "y no para incorporar problemas e incumplimientos del marco constitucional y legal". Por todo ello, Catalá se ha mostrado convencido de que Mas cumplirá con ese mandato. De todos modos, si personas de forma individual intentan llevar a cabo la consulta, el Gobierno analizará las posibles actuaciones contra ellas, así como contra las acciones que puedan producirse en los próximos días si contravienen la decisión del Constitucional.

Sobre la argumentación de que con la suspensión de la consulta se ha podido vulnerar la libertad de expresión, Catalá ha calificado este planteamiento de "exótico" y ha insistido en que el Gobierno lo único que ha hecho es defender el orden constitucional y competencial. Y ha recordado que el Estatuto de Cataluña solo autoriza la realización de consultas sobre materias de su competencia y "un referéndum no está en ese contexto" y sería "inconstitucional". Catalá no acaba de entender donde está afectado el derecho a la libertad de expresión, "tan respetado" por el Gobierno. No ha querido opinar sobre el futuro político de Artur Mas, porque es una decisión que tomará él y no corresponde al Gobierno "enjuiciarlo".