El filósofo Fernando Savater, el director de teatro Albert Boadella y el escritor Mario Mario Vargas Llosa son algunos de los firmantes del 'Manifiesto por una lengua común', presentado en el Ateneo de Madrid. Un texto que, según apuntó el propio Savater, no es "una mera queja o la denuncia de un hecho" sino una iniciativa de más hondo calado que, ante la "marginación del castellano" en algunas comunidades autónomas, insta al Parlamento a acometer una serie de actuaciones en el marco legal, entre ellas incluso una reforma de la Constitución y de algunos Estatutos, "en defensa de la lengua común en España".

"No se trata de una mera queja o de la denuncia de un hecho sino de proponer al Parlamento una serie de iniciativas legales, entre las que se contempla una posible modificación de la Constitución y de algunos Estatutos Autonómicos", afirmó Savater durante la presentación del manifiesto, un texto que comienza mostrando la preocupación de todos los firmantes ante la "situación institucional" que vive en estos momentos "la lengua castellana" en España.

"La única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles", recuerdan para luego señalar que no se trata de una preocupación "meramente cultural" sino sino de "una inquietud estrictamente política" respecto "a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación".

La primera de las premisas que contiene el texto es que si bien es cierto que "todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección" como "patrimonio compartido" no es menos cierto que "sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen". Acto seguido matiza que son los ciudadanos "quienes tienen derechos lingüísticos" y no los territorios "ni mucho menos las lenguas" por lo que "las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc".

Y también señalan es un deseo "encomiable" que las comunidades bilingües aspiren a que los dos ciudadanos conozcan las dos lenguas pero avisan que tal aspiración puede ser "solamente estimulada, no impuesta" y no justifica que "decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública". Unas "imposiciones abusivas" que, según el manifiesto, "daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad".

"La base sobre la que partimos es que no puede discriminarse políticamente al castellano lo que, según consideramos los firmantes, acaba afectando a los más desfavorecidos", señaló Savater. En consecuencia, los firmantes del manifiesto instan al Parlamento a alumbrar "una normativa legal del rango adecuado" que exigir una modificación de la Constitución y de algunos estatutos de autonomía. El que fuese cabeza de lista al Senado por Madrid en UPyD, Álvaro Pombo, consideró que seguramente su partido "presente una iniciativa parlamentaria que recoja lo esencial del manifiesto".

Una normativa que, ante la "marginación del castellano" en los planes educativos de algunas comunidades autónomas, garantice el derecho de todos los ciudadanos "a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna". También abogan por el derecho a "ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales", lo que, matizan los firmantes del comunicado, supone que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación.

Otras reivindicaciones del manifiesto se refieren a la rotulación de calles y edificios públicos, que puede ser bilingüe, pero "nunca" exclusivamente en la lengua autonómica", y al uso del castellano de los cargos políticos que "utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero".

Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, Jose Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, Jose Mª Ruiz Soroa y Fernando Savater, son, por orden alfabético, los hasta ahora firmantes del 'Manifiesto por una lengua común'.