La defensa de la infanta Cristina, que ha recurrido su imputación en el caso Nóos, ha alegado que en la causa no hay delito ni indicios incriminatorios contra ella y ha considerado la medida "más propia del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo" que del procedimiento justo que garantiza la Carta Magna. En un escrito de 32 páginas, registrado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva exponen además que la condición de imputado implica "cargas o efectos negativos, tanto procesales como extraprocesales".

Los abogados comparten en su totalidad las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto del juez José Castro, que fueron que la imputación vulnera el principio de igualdad, así como la inexistencia de infracción penal, de indicios incriminatorios previos y de datos sobre su participación en los delitos contra la hacienda pública, la vulneración del principio acusatorio y la no aplicación de la jurisprudencia existente. Los letrados de la infanta hacen suyo el "análisis crítico" de la Fiscalía hacia lo que el juez denomina indicios y citan al fiscal Pedro Horrach cuando dicen que en la instrucción de varios años solo ha podido "extraerse el hecho incuestionable" de que doña Cristina era vocal del Instituto Nóos, su nombre aparecía en un folleto y tenía participaciones en la empresa Aizóon. Consideran que esto es "absolutamente insuficiente para dirigir una imputación penal contra una persona, sea cual sea la identidad o condición de esta", ya que debe basarse en "hechos-base" de una participación relevante en presuntos delitos.

Sobre las dudas del juez acerca de si la infanta conocía que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado, dicen que son una "mera conjetura" o "suposición sin fundamento" y afirman que, en el actual momento de la instrucción, que está en su recta final, "las meras sospechas o dudas ya no pueden dar lugar a una imputación tardía", que califican de "extemporánea". Con la sospecha de que conocía eventuales hechos delictivos, según los defensores de la infanta, el juez le imputa "una responsabilidad por omisión" en Nóos, por no haber retirado su nombre de dicho instituto. Los abogados recuerdan que la infanta apoya a varias instituciones, en las que sus empleados son quienes deben velar por su adecuación a la legalidad.

Los abogados consideran que la única razón de la imputación es la declaración del ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y los correos que aportó a la causa. Califican a Torres como "un testigo imputado de escasa o nula credibilidad" y rechazan unos correos que deberían ser sometidos a una exhaustiva comprobación de su autenticidad y de la licitud del modo en que fueron obtenidos.

Roca y Silva se oponen a la imputación también por cuestiones pragmáticas, ya que aseguran que un imputado no puede llegar a juicio si no dirigen una acción contra él la acusación pública (Fiscalía) o la privada (Abogacía del Estado y de la comunidad balear), y en este caso solo la acusación popular (Manos Limpias) ha manifestado interés en que la infanta sea imputada. Que lo haya acordado el juez de oficio "parece una actuación más propia del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo, que de aquel acorde con las reglas del debido proceso que se derivan de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución", indican.

Los defensores de la hija del Rey piden que se pondere también que para ciertos personajes públicos, "especialmente aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado", la primera declaración ante un juez "tiene socialmente un sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración". La imputación de la infanta se convierte "en un juicio de condena provisional", multiplicado por el "ruido mediático", inciden los letrados, que piden que se tenga "un especial cuidado" al valorar la solidez de los posibles indicios.