Ya son tres los aforados imputados por el caso Gürtel. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, imputó ayer al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo por su implicación en la trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa en la que se investigan delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.

López Viejo declarará hoy ante la Sala Civil y Penal del TSJM para explicar el contenido de las conversaciones grabadas por la Policía que le implican en la red corrupta, así como la documentación que obra en poder del magistrado que le relaciona con el entramado de empresas de Correa.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el ex consejero "se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...".

El ex consejero de Deportes se convierte en el tercer aforado madrileño imputado en el caso, junto con los parlamentarios regionales Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. El juez imputa a Bosch y a Martín Vasco la comisión de los seis delitos genéricos de la causa y participación en una trama. Tanto Bosch como Martín Vasco se negaron a declarar hasta que se levante el secreto del sumario.

Fuentes jurídicas señalaron que es probable que el juez opte por imponer a López Viejo una fianza similar a la establecida para Martín Vasco -955.000 euros-, para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.

La citación del ex consejero del Gobierno de Aguirre se produce un día después de que el PP suspendiera de militancia a los tres diputados madrileños imputados por su vinculación a la trama. Los tres cargos habían pedido su suspensión voluntaria hace dos meses, pero hasta que dos de ellos no fueron imputados de manera formal no se adoptó la decisión.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, manifestó ayer que su formación es la primera interesada en que se sepa la verdad del caso Gürtel, pero aclaró que "aquí no estamos ante un Filesa" ni ante una trama de corrupción generalizada.

Sin embargo, aunque De Cospedal subrayó su respeto por las actuaciones judiciales, manifestó que el juez Garzón, instructor de la causa, inició este caso con "un claro afán e interés de persecución política", pues se planteó como "una especie de trama de corrupción generalizada del PP" y se ha demostrado, insistió, que "aquí no estamos ante un Filesa".