El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que no debe "criminalizarse" cualquier acto de reunión o manifestación en el que haya críticas, "incluso de libertad de expresión", como los escraches, pero ha advertido también de que en la Fiscalía no van a ser "insensibles" ni van a quedarse "pasivos" ante "cualquier desbordamiento" de esos derechos.  Así lo ha dicho este viernes en Santander, donde ha indicado que en la Fiscalía están siendo "muy vigilantes" para establecer un criterio de "proporcionalidad" entre los derechos de reunión y manifestación -que "forman parte importante de la vida democrática de un país"- y el respecto a derechos individuales como la intimidad, privacidad y la propia imagen. 

"Ni debe criminalizarse cualquier momento de reunión o de manifestación en el que se establezcan críticas, incluso de libertad de expresión, pero tampoco vamos a ser insensibles ni vamos a quedarnos pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en modo alguno absolutos", ha sentenciado Torres-Dulce, que ha precisado que estos últimos "no tienen mayor ni menor preferencia que los derechos fundamentales individuales, que son tan importantes para la convivencia como lo son los derechos de manifestación y reunión".  En declaraciones a los periodistas antes de participar en la entrega de los Premios Europeos a la Seguridad en Construcción, el fiscal general del Estado ha indicado que la Fiscalía va a analizar los escraches "solo cuando tengan trascendencia penal" y lo hará, ha apuntado, con "absoluta imparcialidad" y carácter "individualizado", y teniendo en cuenta además la "proporcionalidad necesaria" entre los derechos individuales y los derechos a reunirse y manifestarse. 

El fiscal ha recordado que en el Código Penal están previstos los supuestos de coacciones, amenazas e intimidaciones de carácter "grave" a miembros del parlamento para que cambien el sentido del voto, así como el resto de tipos penales de coacciones y amenazas que, como ha insistido, la Fiscalía va analizar de forma individualizada y teniendo en cuenta la proporcionalidad entre los distintos derechos.  "Somos sensibles -ha dicho- al respeto de derechos tan importantes para la convivencia democrática como expresiones de crítica política, derechos de reunión y manifestación, como a los derechos individuales, que forman parte de la convivencia ciudadana, que tienen sus límites en el Código Penal y que deben ser respetados por todos".  

Santamaría: "Las preguntas y los malestares se me deben expresar en La Moncloa o en el Parlamento, no en mi casa"

Desde el Gobierno, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha remarcado este viernes que su labor pública la ejerce tanto en La Moncloa como en el Parlamento, pero ha dejado claro que su vivienda es "otro terreno" que pertenece a su vida personal y su familia. Sáenz de Santamaría ha expresado de esta forma su malestar por el escrache que sufrió la pasada semana frente a su casa por un numeroso grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que durante este mes están reproduciendo este tipo de protestas frente al domicilio particular de varios diputados del PP. La vicepresidenta ha recordado que cada viernes comparece ante la prensa en La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros para responder a las preguntas que se le requieran y ha insistido que también está a disposición de la ciudadanía en el Parlamento, donde se somete a las sesiones de control de los parlamentarios. "Aquí o en el Congreso es donde se me pueden o deben hacer preguntas e incluso manifestar malestares. Pero mi casa es otro terreno, mi vida personal y sobre todo mi familia", ha insistido después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también haya tenido oportunidad de expresar su condena a este tipo de protestas.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha lamentado este viernes el escrache sufrido por Sáenz de Santamaría, en su domicilio y según ha dicho "de manera muy especial que eso lo viviera su hijo Iván".  Ha  tachado esta acción como un acto "radicalmente antidemocrático de acoso que pretendía coaccionar", pero se ha mostrado seguro de que "no va a dar ningún resultado". "Tengo que decir que en ese momento estuve en contacto permanente con ella", ha dicho en referencia a la vicepresidenta al tiempo que ha defendido que lo que hizo la Policía fue aplicar la ley que organiza el derecho de reunión y la ley de seguridad ciudadana.  "En la primera se tipifica como obligatorio que toda concentración de personas deberá ser comunicada previamente y es falta muy grave incumplir esto", ha explicado.