La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, dijo ayer que, por la naturaleza de los delitos que se le imputaban al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, ni ella ni el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, vieron necesaria su detención, que se produjo el pasado 16 de abril. "Tanto el fiscal jefe de Madrid como yo estábamos en la misma idea de que por la índole de los delitos, en principio, no sería necesaria la detención", aseguró Madrigal en un desayuno informativo en el Nueva Economía Fórum. No obstante, agregó que ambos "también hablaron de que pudiera ser necesaria la detención", aunque finalmente el fiscal del caso optó por no pedir el arresto. "Así lo informó", dijo Madrigal tras revelar que conversó por teléfono con Moix la noche anterior y el día del arresto.

La fiscal general especificó que fue el juez de guardia quien ordenó el arresto del ex vicepresidente "al verlo necesario, sólo mientras durasen los registros". Sobre este asunto, Madrigal defendió la labor del fiscal jefe al señalar que la Oficina Nacional para la Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, fue la que empujó a Moix a llevar a cabo los registros "al valorar razones de urgencia que se plantearon en el último momento". "Creo que esto es una garantía suficiente, ya que la actuación estaba fundada en datos objetivos, los indicios eran sólidos y las sospechas eran objetivas", explicó Madrigal, que subrayó también la competencia de los juzgados de Madrid para investigar el caso.

"La ONIF valoró la conveniencia de presentarlo ante la Fiscalía de Madrid; no puedo hablar de sus razones, pero su competencia está fuera de toda duda", explicó la fiscal general, que precisó que el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez de Instrucción número 31 de Madrid de enviar a la Audiencia Nacional la investigación del caso "no implica la paralización del procedimiento".

En este sentido, Madrigal indicó que "se han pedido ya nuevas diligencias" en el caso que investiga a Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.