REPRESENTANTES de todos los partidos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados, así como los máximos dirigentes de CCOO, UGT y CEOE, participaron juntos -también estuvo circunstancialmente la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar- en los cinco minutos de repulsa en la escalinata de la puerta principal de la Cámara Baja por el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón a manos de ETA. El comunicado conjunto elaborado, leído por el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, en presencia del resto de portavoces parlamentario, podría hace prever que la unidad democrática frente a la banda terrorista es cuestión de poco tiempo. Sin embargo, no va a ser nada fácil.

Los populares, a través de su portavoz de Justicia, Ignacio Astarloa, amagaron ayer mismo con recuperar viejas reivindicaciones superadas por el devenir de los acontecimientos y la dinámica parlamentaria. ¿Alguien duda a estas alturas que la autorización para que el Gobierno pueda negociar con ETA decayó hace tiempo? Además, con su polémica ponencia política, echaron el martes más leña al fuego con unas referencias al PNV que, de entrada, excluye a los nacionalistas vascos de esa unidad democrática. Urkullu y los suyos, por su parte, no se quieren enterar de que la hoja de ruta soberanista de Ibarretxe no sólo es inconstitucional sino que les sitúa fuera del terreno de juego del Estado de derecho.

El presidente Zapatero está obligado a recomponer esa unidad democrática, aunque sea forzando un diálogo al máximo nivel que, una vez restañadas viejas heridas y aparcadas ansias soberanistas, sirva para que la política antiterrorista de su Gobierno tenga el apoyo incondicional de todos los demócratas, sin exclusiones y sin autoexclusiones. Mientras esto no se produzca, las estadísticas mandan: seis muertos desde el atentado de la T-4, y una banda terrorista dispuesta a incrementarlas a la menor oportunidad. ETA sólo volverá a estar peor que nunca cuando los demócratas recuperen la unidad.