La alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, declaró ayer finalmente como investigada por delito electoral ante el juez al que plantó dos veces, tras ser detenida por los Mossos d'Esquadra, un arresto que ha tensado la relación entre la CUP y el Govern en plena negociación presupuestaria.

Venturós, que se negó a comparecer ante el juez cuando fue citada los pasados 5 de abril y 17 de octubre por dos delitos electorales por no retirar la estelada durante las elecciones del 27-S y el 20-D-, cambió ayer de estrategia y, tras ser detenida, sí que respondió tanto al juez como al fiscal, ante los que alegó que no impidió a los Mossos que retiraran la bandera independentista.

Agentes de paisano de los Mossos, cumpliendo una orden del titular del Juzgado de instrucción número 1 de Berga, se personaron ayer a las siete de la mañana en la puerta de la casa de la alcaldesa y, tras darle tiempo para hacer las gestiones que necesitara, la detuvieron y la trasladaron al juzgado.

El diputado de la CUP Benet Salellas, que ejerce como abogado de la alcaldesa, se mostró crítico con la actuación de los Mossos e instó al Govern a aclarar si está "con la justicia española" o con los "cargos electos independentistas" de Cataluña. "Estamos muy dolidos y enfadados con el departamento de Interior", exclamó Salellas, que denunció que la detención se había producido "de madrugada y sin ninguna publicidad", lo que ha crispado a la CUP contra el Govern, en plena negociación de los presupuestos entre los anticapitalistas y Junts pel Sí.

Salellas también se preguntó si los Mossos deberían empezar a "desobedecer órdenes judiciales vinculadas con el proceso hacia la independencia", en pleno debate sobre la vía unilateral.

El conseller de Interior, Jordi Jané, salió al paso de las críticas de la CUP y defendió la actuación de los agentes, ya que como Policía judicial, alegó, tienen la obligación de cumplir con las órdenes del juez.

"El origen del debate no es la actuación de los Mossos, es por qué están judicializadas tantas actuaciones, por qué tantos ayuntamientos reciben requerimientos", indicó Jané, que la semana pasada ya había advertido de que la Policía está para cumplir y hacer cumplir la ley.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se limitó a mostrar su apoyo a Venturós y a los "cargos electorales que sufren persecución por sus ideas", mientras que la portavoz del Govern, Neus Munté, se apresuró a pedir a la CUP que no se deje engañar por "las trampas que pone el Ejecutivo del PP" y pidió que este episodio no afecte a los Presupuestos.

Tras plantar dos veces al juez, Venturós declaró finalmente ayer durante unos veinte minutos, en los que respondió tanto al magistrado como a la Fiscalía y a su abogado, ante los que alegó que no recibió ningún requerimiento de la Junta Electoral para retirar la estelada y que tampoco impidió a los Mossos que la descolgaran el mismo día de la jornada electoral.

A preguntas de su defensa, Venturós explicó que su decisión de no sacar la estelada de la fachada del consistorio obedecía a un motivo "político", ya que cree que no debía retirarse porque el pleno del ayuntamiento del 6 de septiembre de 2012, cuando ella aún no era alcaldesa ni concejal, acordó que se debía mantener hasta que Cataluña fuese independiente.

El juez, que tiene abiertas dos causas contra Venturós por sendos delitos electorales, la dejó en libertad, aunque la obliga a fijar un domicilio y un número de teléfono y le advirtió de que se expone a ingresar en prisión si vuelve a plantar al juzgado cuando se la requiera de nuevo.