La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantuvo ayer su petición de 7 años de prisión para el presunto colaborador de ETA Miguel Gómez García porque "sabía perfectamente" que en el bar que regentaba en Vitoria se ejercía el "proselitismo" y se recaudaban fondos para la organización ilegalizada Segi.

Así lo manifestó la fiscal Carmen Monfort durante el juicio a García, al que acusa de un delito de colaboración terrorista porque el bar Garraxi que regentaba era usado como centro de reparto de propaganda de Segi y de la izquierda abertzale mediante la venta de camisetas, mecheros, pegatinas, boletos y colectas a través de huchas con el fin de recaudar fondos para financiar las actividades de la organización juvenil.

Además, el local habría servido, según la fiscal, de refugio y ocultación de prendas y material utilizados en actos de sabotaje.