El PSOE anunció ayer que exigirá que se cambie la relación de España con la Santa Sede si el Gobierno del PP modifica la ley del aborto, después de que la Conferencia Episcopal reclamara el lunes esta reforma y el Ejecutivo anunciara la aprobación en breve de la nueva normativa.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció el lunes que la nueva ley del aborto "llegará muy pronto" y supondrá un cambio en el sistema de plazos por otro de indicaciones.

Los socialistas vinculan estas palabras con la petición que había hecho horas antes el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, de que los políticos católicos debían asumir su responsabilidad moral y de que el Ejecutivo popular emprendiese la anunciada revisión legal sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, afirmó ayer que si el Gobierno va de la mano de los obispos para limitar la libertad de las mujeres, "el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede".

En esta línea, la portavoz de este partido en el Congreso, Soraya Rodríguez, acusó a la Iglesia de intentar chantajear al Gobierno del PP en el tema del aborto en pago a los "compromisos" adquiridos cuando se manifestaban juntos "del brazo y por las calles" en los años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Poniendo en duda estas opiniones, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, comentó que el texto que prepara el Gobierno quizá "no guste mucho" a los prelados españoles, porque se ajusta a lo que marca la Constitución y no a la oposición frontal de la Iglesia al aborto.

Alonso recordó que esta reforma era un "compromiso electoral" del partido en el Gobierno y subrayó que los socialistas siempre piden modificaciones del Concordato cuando están en la oposición, pero se olvidan de ello cuando ocupan el Ejecutivo.

Otros partidos, como el PNV, consideraron que "no parece adecuado" reformar la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue aprobada por "un acuerdo bastante amplio" en las Cortes, y confiaron en que el Gobierno de Mariano Rajoy no se deje influir por "la presión" de la Iglesia.

Y lo mismo defendió la portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, quien exigió al Gobierno que "no se deje chantajear" por nadie en este asunto, "tampoco por la Iglesia".

La Izquierda Plural arremetía por su parte contra el clero por "marcar la agenda política" del Ejecutivo al tratar de imponer su moral al resto de la sociedad.

Ruiz-Gallardón adelantó que el actual sistema de plazos se sustituirá por un "sistema de indicaciones", en cual se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. "No será una mera declaración, sino una constatación", añadió el ministro en el Foro de La Razón.

Gallardón expresó su malestar con la actual ley del aborto y avanzó que "muy pronto" se presentará la nueva normativa para resolver un "asunto de esta gravedad" habida cuenta de que el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados. Según recordó, el Tribunal Constitucional estableció que el nasciturus es un bien protegido, que la vida humana tiene relevancia desde su concepción y que su protección no es absoluta cuando entra en conflicto con otros derechos. "Es un sistema de indicaciones, no de plazos", ha dicho.

En esta línea, avanzó que el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un "pretexto" y, en consecuencia, el nuevo articulado contempla mecanismos para que esa condición se "cumpla y acredite". "En supuestos de conflicto de derechos, se acreditará ese conflicto y que no sea solo una mera declaración, sino una auténtica constatación", insistió.