CUANDO intento vislumbrar el futuro de España, la visión que contemplo está alterada por un efecto multiimagen. Son varias visiones, todas ellas veladas por la niebla de la incertidumbre política. La primera de ellas, la que tiene más luz, es una imagen virtual, o por lo menos no parece real. En ella aparece España gobernada por un Gobierno de coalición, integrado por los partidos más votados de derecha y centro izquierda. Es una España que crece a tasas del 3%, con capacidad de crear más de 600.000 puestos de trabajo al año. Es un Gobierno de pactos, en el que los objetivos de crecimiento y creación de empleo se hacen compatibles con los de consolidación fiscal y reducción de las desigualdades. Un Gobierno con sensibilidad social que es consciente de que para poder repartir y mejorar el bienestar social, antes hay que crear las condiciones para que la renta, la riqueza y el empleo aumenten. Y para que mejoren los salarios, antes hay que mejorar la productividad. Para ello es necesario continuar con las reformas pendientes del mercado bienes y servicios, de la energía, del mercado único interior y la eficiencia de la Administración Pública. Es un Gobierno que apoya la industrialización e internacionalización y que apuesta por la inversión en nuevas tecnologías y conocimiento. Consciente de que uno de los puntos débiles de España en su excesivo endeudamiento externo, fomenta el ahorro de las familias y de las empresas, y crea las condiciones de estímulo y seguridad jurídica para atraer inversión extranjera al capital de las empresas. Es un Gobierno comprometido con la reducción del gasto público improductivo, y que al mismo tiempo fomenta la inversión pública inteligente en educación, infraestructuras de investigación y tecnología, logística, transporte, y conexiones energéticas y de comunicación con Europa. Para ello colabora con otros países para que Europa flexibilice los objetivos de reducción del déficit público y de esta manera poder dar cabida a la inversión pública productiva.

Es un Gobierno que apuesta por un pacto de Estado sobre la educación que sobreviva a futuros gobiernos. Los acuerdos son difíciles y quizás más lentos, pero más sólidos y duraderos. Un Gobierno que intenta equilibrar el progreso económico con el social y reducir las desigualdades que la crisis ha creado. Un Gobierno que pretende mejorar la reforma laboral sin anular aquellas medidas que han propiciado una mayor creación de empleo. Que abandona el objetivo de reducción de la Administración Pública, pero que persevera en la mejora de su eficiencia. Con el que la deuda pública empieza lentamente a descender, la balanza comercial a mejorar, y el endeudamiento externo y la dependencia de mercados financieros exteriores a retroceder. Con el que España sigue manteniendo la confianza de los mercados financieros y unos menores costes de financiación. Y lo más importante, que lucha contra la corrupción, regenera las instituciones, inicia las conversaciones y consensos para una reforma constitucional y reestablece el diálogo con Cataluña.

La siguiente visión es menos nítida, con luces y sombras. Tras varios meses de negociaciones, y unas segundas elecciones, España está gobernada en minoría por el partido más votado. Han sido meses de incertidumbre en los que el consumo de las familias se ha reducido, las inversiones empresariales se han paralizado y ha habido una importante fuga de capitales hacia el exterior. La creación de empleo se ha desacelerado. La Bolsa y los mercados financieros han aumentado su volatilidad y han entrado en pérdidas. La banca ha reducido su ritmo de concesión de créditos y se teme por su futura rentabilidad y solvencia. Ante esta situación, y tras varios meses de incertidumbre, la abstención del PSOE y de Ciudadanos ha permitido la formación de un Gobierno en minoría del Partido Popular. De momento se ha detenido el deterioro de la economía, pero persiste un alto grado de incertidumbre. Es una legislatura que se prevé muy corta. Un tiempo en el que el proceso de reformas estructurales pendientes se detiene por falta de consenso con la oposición. El consumo familiar, la inversión empresarial y la creación empleo se reducen, acercándose a la media europea. La confianza de los mercados financieros desciende y las mejoras en la prima de riesgo y en el coste de financiación exterior empeoran. La consolidación fiscal se detiene y la deuda pública continúa creciendo. La productividad continúa estancada y al mismo tiempo aumenta la presión sindical sobre los salarios. España pierde competitividad y la balanza comercial empeora. La confianza de los mercados empieza a descender mientras el endeudamiento externo aumenta, convirtiéndose en el punto más vulnerable de la economía Española. Ante la falta de consenso el gobierno tiene grandes dificultades para avanzar en el proceso de reformas. Los ciudadanos perciben el bloqueo del gobierno, y la oposición es cada vez más agresiva en las descalificaciones. Ante el deterioro de las finanzas públicas el Gobierno no puede cumplir con parte de sus promesas electorales. Las expectativas de los ciudadanos empeoran y la frustración social aumenta. Las condiciones financieras exteriores empeoran y se teme que el Gobierno no sea capaz de hacer frente a una nueva recesión. El país está abocado a unas nuevas elecciones.

La tercera visión es más oscura, y difícilmente se puede percibir sí las imágenes son virtuales o reales. Han transcurrido ya varios meses de incertidumbre y deterioro de la economía. Las segundas elecciones han propiciado un panorama fragmentado similar al anterior. Ante la imposibilidad del Partido Popular de formar un Gobierno, el PSOE consigue con Podemos y el resto de partidos de izquierda y nacionalistas configurar el nuevo Ejecutivo que Bruselas contempla alarmada. Las inversiones empresariales están totalmente paralizadas y el flujo de salida de capitales ha aumentado alarmantemente. La Bolsa se desploma y la prima de riesgo se dispara. Como pasó con Grecia, Bruselas insiste en que el nuevo Gobierno debe de cumplir con sus compromisos de déficit público, deuda pública y reformas estructurales. En principio el nuevo gobierno no lo niega, pero afirma que es necesaria su renegociación. Tras varios meses de incertidumbre el deterioro de la economía y el empleo son preocupantes. Hay que actuar con rapidez ante el deterioro de las cuentas públicas y el creciente endeudamiento externo. La confianza de los mercados financieros está en mínimos y la incertidumbre es máxima. Se desconfía que un Gobierno tan dispar sea capaz de hacer frente a los retos que tiene España. Las condiciones financieras exteriores en cualquier momento pueden empeorar y la financiación externa que precisa el país está en peligro. Se teme que se repita el doloroso proceso de Grecia. El resto de las imágenes de esta visión son borrosas y oscuras dificultando su percepción.

A pesar de la falta de nitidez de la segunda y tercera visión, en ellas se ve a los ciudadanos frustrados y temerosos. El mensaje que habían mandado a sus políticos es que querían un Ejecutivo de consenso y de coalición entre los partidos más votados. Estable y que diera confianza interna y externa y que garantizara el crecimiento, el empleo y el bienestar social, anteponiendo los intereses de los ciudadanos a los de los partidos. Sus representantes políticos entendieron bien su mensaje, y así lo proclamaron varias veces, pero a la hora de la verdad, no lo obedecieron.