El recién nombrado jefe de la oposición en el Parlamento Catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras, el ex consejero socialista Ernest Maragall o el diputado de CiU Carles Campuzano son tres de las setenta personalidades de la política y la sociedad civil catalana que han mostrado a través de un comunicado su apoyo a la manifestación en favor de los derechos de los presos de ETA, convocada para el próximo día 12 por Herrira en Bilbao, y el fin de la dispersión.

En el listado de adhesiones aparecen también el diputado autonómico de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, así como personalidades de distintos ámbitos como el ex director de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los actores Willy Toledo y Pilar Bardem. La CUT-BAI que dirige Sánchez Gordillo explicó a través de su secretario de Organización, Manuel Rodríguez Guillén, que considera "inhumano" que los presos, independientemente del delito de que hayan cometido, estén fuera de su territorio. "No sólo se castiga al preso, sino también a sus familias, quienes tienen que desplazarse miles de kilómetros para visitarlos", opinó Rodríguez.

Bajo el título Derechos Humanos. Soluciones. Paz. Presos y presas vascas al País Vasco, el manifiesto reclama el traslado a esta comunidad de todos los presos vascos de ETA, la liberación de los reclusos con enfermedades graves, "acabar" con la prolongación de las condenas y "derogar" las medidas que conllevan cadena perpetua y "respetar" todos los derechos humanos que "les corresponden" como presos y como personas.

Los firmantes de este documento reivindican así a los gobiernos español y francés que "den pasos" hacia una solución democrática, al tiempo que respaldan la manifestación que ha convocado para este sábado 12 de enero en Bilbao la plataforma Herrira.

En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha autorizado la manifestación al considerar que el lema de la marcha es "neutro desde el punto de vista penal". Así consta en un auto dictado por el magistrado en el que rechaza la petición de prohibición planteada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y señala que con los datos que obran en la causa "no puede inferirse la existencia de ilícito penal" en la convocatoria.