La consulta de Ibarretxe ha ganado su primera escaramuza, que no batalla, en los tribunales. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó hoy suspender el acuerdo del Consejo del Gobierno vasco que aprobó el proyecto de Ley para la Consulta, tal como le solicitó en un recurso Manos Limpias. El Alto Tribunal vasco señala que se está planteando la admisibilidad de este recurso al presentarse éste contra lo que todavía es "una iniciativa legislativa" y que podría incluso no ser competente para decidir sobre el asunto. El TSJPV señala que hasta que no aclare este punto no adoptará ninguna medida cautelar, aunque ha solicitado la opinión de las partes y de la Fiscalía. Tras conocer la resolución judicial, Manos Limpias lamentó que el Alto Tribunal vasco se vaya a permitir que "se cometa una ilegalidad".

El pasado viernes Manos Limpias decidió no esperar a que el proyecto de ley de consulta se convierta en Ley en el Parlamento vasco y abrió la veda judicial contra la consulta de Ibarretxe para intentar que no llegara si quiera al Parlamento. Lo hizo con un recurso contencioso en el que pedía la nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno vasco del pasado 28 de mayo en el que se aprobó el texto alegando que es "nulo de pleno derecho" por ser ilegal y dictarse por un órgano incompetente. Además, como medida cautelar, la suspensión de este acuerdo para evitar así que se cometiera una ilegalidad.

La resolución del TSJPV, que no podía hacerse esperar, llega a dos días de que el texto se debata en la Cámara vasca y en la misma el alto Tribunal vasco deniega, en estos momentos, proceder a la suspensión provisional del acuerdo de Gobierno que dio luz verde al proyecto de Ley de Consulta y lo remitió al Parlamento vasco. En su auto el TSJVP señala que podría no ser "competente" para dilucidar sobre esta cuestión y dice sopesar la posibilidad de "inadmisibilidad" del recurso ya que se presenta contra lo que todavía es "una iniciativa legislativa". 

En este sentido el el TSJPV esgrime la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y recuerda que cuando el Gobierno vasco aprobó en Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Propuesta de Nuevo Estatuto Político, el denominado 'Plan Ibarretxe', el Ejecutivo de Aznar recurrió ante el Constitucional este acto y el alto Tribunal afirmó entonces que no cabía la impugnación hasta que el proyecto no se materializara en Ley. "La jurisdicción puede reaccionar contra la forma jurídica que resulte de esas intenciones, pero la intención misma y su debate o discusión son inmunes en una sociedad democrática a todo control jurisdiccional", afirmaba el TC.

En todo caso, y también en base a la doctrina del Constitucional y de la propia ley, el Alto Tribunal vasco da un plazo de diez días a las partes y a la Fiscalía para que se pronuncien "sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisibilidad" por "falta de jurisdicción, al haberse interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo contra un acuerdo de iniciativa legislativa adoptado por el Consejo de Gobierno, y que inicia el trámite parlamentario". 

Su pretensión es que "aleguen si el recurso es admisible a trámite o no, sabiendo que existe esta doctrina del Constitucional, que considera que, en este momento, el acuerdo no es recurrible". En todo caso el TSJPV ya apunta que la competencia para "el control" de esta iniciativa no la tendría la Jurisdicción contencioso-administrativa, "sino, en su caso, la Jurisdicción Constitucional".

Desde Manos Limpias, su secretario general del sindicato de funcionarios públicos, Miguel Bernad, lamentó que el TSJPV va a permitir que se cometa "una ilegalidad" el próximo viernes en el Pleno del Parlamento vasco y anuncio que recurrirán el auto de hoy. Además, recordó que, cuando impugnó el acuerdo que aprobó el 'Plan Ibarretxe' el mismo tribunal admitió a trámite el recurso tras considerarse "competente" para ello.

"Ahora no se acuerdan de su resolución de hace cuatro años y vuelven a dilatar todo, dando de plazo diez días a las partes y a la Fiscalía para que aleguemos sobre el tema de la Jurisdicción", añadió Bernad que subrayó que el acuerdo del Gobierno vasco es "un acto administrativo" sobre el que la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV "es competente" y otra cosa diferente "es lo que salga del pleno del Parlamento vasco". "Dilatan el asunto porque no se han atrevido a proceder a la suspensión por las consecuencias y la presión a la que están sometidos", sentenció.