El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pedro Martínez, aseguró que el programa para interceptar comunicaciones Sitel no sirve como prueba en un procedimiento judicial porque podrían invalidar el proceso. Además, reveló que el funcionamiento del sistema "excede" de la autorización para pinchar teléfonos, ya que incluso revela dónde está la persona, todos sus desplazamientos, el medio de transporte que utiliza y las personas que se encuentran con él.

Pedro Martínez explicó que Sitel, además de ser un programa para interceptar comunicaciones, es un programa de "vigilancia y seguimiento", ya que incluso puede determinar la situación de la persona, su ruta y la compañía que tiene en un momento determinado, siempre que tenga el móvil encendido y activada la tarjeta SIM. Según explicó, la información que se obtiene con este sistema se vuelca en un DVD "sin firma digital", sin nadie que certifique el contenido y si alguien lo impugna "no hay manera de probar la autenticidad de la grabación".

Martínez añade que los jueces "desconocen" el funcionamiento del sistema y cómo se proporciona información, ya que ésta "excede" de la autorización que éstos conceden para pinchar los teléfonos. Muchas órdenes judiciales de interceptación, agrega Martínez, se están dando pensando que se realizan a la manera tradicional del pinchazo telefónico, pero la información que proporciona este sistema es mucho mayor, "se puede saber dónde está la persona, los sitios a los que va, si viaja en coche o en tren e incluso con quien está y todo ello sin necesidad de hacer una llamada de teléfono, sólo con tener el teléfono encendido".

Argumenta también que otro de los motivos por los que los jueces no pueden controlar la información que llega es porque además de desconocer el funcionamiento, los datos que facilita el sistema se vuelcan en un DVD que "no va firmado digitalmente" porque "no existe una entidad de certificación de estos datos". Debido a la falta de firma, el fiscal advierte de que los datos de Sitel no sirven como prueba en un procedimiento judicial porque podría invalidar el proceso. 

"Yo no digo que el contenido del DVD se modifique, pero si que no hay ninguna garantía de autenticidad de su contenido", afirma para explicar a continuación que la Agencia Tributaria permite que los ciudadanos presenten sus declaraciones de forma telemática, pero exige una firma digital y si ésta no existe, el sistema no registra la declaración. 

"Buena herramienta de trabajo"

No obstante, el fiscal del TSJM califica a Sitel como una "buena herramienta de trabajo" con la que se han podido resolver muchos casos, aunque observa que la falta de cobertura legal puede inducir a que se cometan abusos. Del mismo modo, insiste en que la información aportada no puede usarse como medio de prueba válido en un juicio, y por lo tanto, se podrían llegar a invalidar algunos procedimientos judiciales.

Para el fiscal madrileño, la obtención de pruebas a través de este sistema no es un delito, pero se trata de una "ilicitud" desde el punto de vista procesal. Así, aclara que cuando las pruebas son ilícitas "no sirven como pruebas" y matiza que habría que ver cada asunto "caso por caso" y ver qué parte es la que queda invalidada y cuál no.

El propio Pedro Martínez elevó un informe al Fiscal General del Estado en 2005, cuando era teniente fiscal de la Fiscalía de Madrid, en el que advertía de la falta de cobertura legal para aplicar el sistema Sitel de interceptación de comunicaciones. Ante este documento, el fiscal recomendó elaborar una Ley Orgánica que evite la violación de los derechos fundamentales y los derechos civiles de los ciudadanos.

Desarrollo de la Ley Orgánica

Ante esta situación, Pedro Martínez propone el desarrollo de una ley orgánica que regule la interceptación de las mismas, sobre todo, dice, "ahora que hay esta nueva tecnología, hay que ser mucho más cuidadoso". Además, recuerda que España ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar el secreto de las comunicaciones.

A su juicio, primero habría que hacer un catálogo de delitos en los que se pueda utilizar este tipo de tecnología, ya que no se puede usar de forma generalizada como se "está haciendo en la actualidad", sino que se debe aplicar a asuntos como el terrorismo, el narcotráfico, crimen organizado y todos los delitos contra la vida. 

También propone que haya un sistema judicial "muy eficaz" con unos "centros de recogida de datos supervisados judicialmente, que dependan del Consejo del Poder Judicial, no como ahora, que los está controlando el Ejecutivo y con funcionarios anónimos". Incluso, plantea añadir todo un proceso de "certificación de la información que se facilita al Juzgado y de encriptación de la misma".