El Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Confederación Española de Policía (CEP) han asegurado que se están produciendo amenazas de muerte e intentos de identificar y localizar los domicilios de agentes antidisturbios que intervinieron en las protestas laicas contra la Jornada Mundial de la Juventud.

En un comunicado, los dos sindicatos hablan de "caza al policía", denuncian las presiones que está sufriendo el colectivo de antidisturbios y afirman que "la actuación de los funcionarios se ajustó en todo momento a lo que se esperaba".

Además, anuncian que ya han adoptado medidas legales contra los ataques que están recibiendo los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) a través de las redes sociales, en las que se muestran distintas fotografías de uno de los policías que golpeó a una joven y a un fotógrafo el pasado día 18.

El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenó este miércoles incoar expediente disciplinario por falta grave por haberse extralimitado en sus funciones a tres de los agentes que participaron en esos hechos, que se exponen a una sanción de entre cinco días y tres meses de suspensión de funciones.

La CEP y el SPP acusan a la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, de ser la "máxima responsable del desorden público" por autorizar la marcha laica por una ruta desaconsejada en los informes de los responsables policiales.

Los dos sindicatos instan también al ministro del Interior, Antonio Camacho, a que asuma su responsabilidad por "negar su apoyo" al Cuerpo Nacional de la Policía (CNP) y por no haber comparecido en su debido momento para aclarar los hechos.