La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador suspendió ayer las órdenes de captura contra 12 militares prófugos que son requeridos por la Justicia española por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas la madrugada del 16 de noviembre de 1989.

La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López.

El Supremo se basa en la jurisprudencia que sentó una resolución similar

Según los jueces del Constitucional, las órdenes de captura internacionales con fines de extradición no pueden ser ejecutadas dentro del país por el precedente que sentaron las resoluciones en las que negaron extraditar a cuatro militares detenidos en 2016.

Esta medida surge en respuesta a sendos habeas corpus presentados en 2016 por parte de los abogados de los 12 militares en situación de retiro por "la supuesta vulneración de sus derechos a la libertad personal y a la seguridad jurídica".

Los jueces decidieron poner fin al proceso al considerar que "no existe una amenaza al derecho a la libertad personal", porque "la CSJ ha dictaminado que no resulta procedente la extradición" en los casos en los que se materializaron las órdenes de detención rojas.

En total son 17 los militares implicados. De ellos, sólo ingresó en prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, quien durante un juicio en 1992 fue condenado a 30 años de cárcel por la masacre de los sacerdotes junto a Yusshy Mendoza, cuyo paradero se desconoce.

Todos han sido requeridos por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, quien pidió al Gobierno que iniciara el proceso de solicitud de extradición de los cuatro militares que fueron detenidos el año pasado.