El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha decidido mantener encarcelado al ex tesorero del PP Luis Bárcenas al considerar que se mantienen "plenamente vigentes" los riesgos de fuga y de destrucción de pruebas en los que se basó el 27 de junio para ordenar su ingreso en prisión preventiva. Ruz desestima así en un auto la petición de excarcelación que le hizo la defensa de Bárcenas, alegando que al ex tesorero "ni se le pasa por la cabeza" fugarse dado su importante arraigo en España, que tampoco hay riesgo de que destruya pruebas y que además ha colaborado en la investigación del caso Gürtel.

Con relación al riesgo de sustracción a la acción de la Justicia, Ruz indica que la concurrencia de esta posibilidad fue apreciada en una resolución del pasado del 29 de julio al afirmar que se deduce de la "elevada penalidad que llevaría asociada la eventual condena por los delitos" que se le imputan. Agrega que la elevada responsabilidad pecuniaria derivada de esos delitos, y que se eleva a 43,25 millones de euros, sostiene también el rechazo a la excarcelación del ex senador. En la actualidad, subraya Ruz, continúan ignorándose los datos concretos y circunstancias que rodean a diversas cuentas afectadas por comisiones rogatorias en curso, entre las que cita tres de la entidad suiza Lombard Odier, varias en Bahamas así como el destino de fondos del ex senador transferidos a cuentas en EEUU, Uruguay, Suiza y el Reino Unido.

Respecto al riesgo de alteración u ocultación de fuentes de prueba, el magistrado justifica su decisión al considerar que el ex tesorero puede influir en las diligencias relacionadas con la pintora argentina Isabel Mackinlay, que admitió haber accedido a firmar unos contratos en los que aparecía como intermediaria de una venta ficticia de cuadros de la mujer de Bárcenas. Para Ruz, "las relaciones opacas y oscurantistas en las que desarrolla sus actividades acrecientan sobremanera el riesgo de fuga del apelante, con los subsiguientes peligros de alteración de las fuentes de prueba y de reiteración delictiva" y añade que ni el arraigo personal, familiar y social ni la carencia de antecedentes penales reducen esos riesgos. El magistrado recuerda que la medida de prisión provisional tiene la finalidad de asegurar la presencia de Bárcenas en el proceso, evitando el riesgo de fuga y de obstrucción a la acción de la Justicia, así como de alteración o desaparición de las fuentes de prueba.

Ruz ve indicios de delito en la destrucción de los ordenadores

El juez Ruz ha pedido que el Juzgado de Plaza de Castilla al que corresponda investigue la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores que tenía en la sede del PP Bárcenas ante la posibilidad de que los hechos revistan delitos de encubrimiento o de daños informáticos. Ruz admite así en un auto la petición que en este sentido le hicieron acusaciones y la defensa de Bárcenas tras conocer que el PP había informado al juez de la destrucción de esos discos duros. "Una primera aproximación y análisis de los hechos acontecidos y puestos de manifiesto ante este juzgado no permite descartar la relevancia penal de los mismos, y en concreto, la susceptibilidad de su encaje final" en los citados delitos, "sin perjuicio de las diligencias que al objeto de la más completa investigación de tales hechos resulte practicar" por el juzgado competente, explica el juez.

Para Ruz, la Audiencia Nacional no es, por tanto, el órgano competente para investigar estos hechos, "sin perjuicio de requerirse al imputado Luis Bárcenas Gutiérrez para que a través de su representación procesal" aporte el disco duro del ordenador Apple que sustituyó por otro en octubre de 2012, tal y como le había pedido en un informe el fiscal del caso Antonio Romeral. Ruz ha adoptado esta decisión "sin esperar" a que el juzgado de instrucción 21 de Madrid, que investigó una denuncia de Bárcenas contra el PP por el robo de esos ordenadores, remita las actuaciones por esos hechos que archivó en abril y que Romeral había pedido que se incorporaran a la causa antes de remitir lo relativo a la destrucción de los discos duros a los juzgados de Madrid.

El juez no considera que sea necesario reclamar esa investigación porque ya han sido aportados a la causa "tanto la declaración como el documento facilitado por el señor Bárcenas en el procedimiento de referencia". En este sentido recuerda que el PP informó el pasado 12 de septiembre que Bárcenas declaró ante el Juzgado de instrucción 21 de Madrid que sustituyó el disco duro de su ordenador Apple por otro disco nuevo. Para Ruz, "con independencia de la titularidad del equipo informático al que el dispositivo de almacenamiento hubiere dado servicio, tampoco resultaría irrazonable" calificar los hechos como un delito de daños informáticos del que pudiera ser responsable "una persona jurídica".

El PP informó a Ruz en un escrito que Bárcenas tuvo asignado el uso de estos dos ordenadores y añadía que desconocía si además usaba otro equipo "de su propiedad que se encuentre en la actualidad a su disposición". El partido justificaba su destrucción "por persona no identificada" y en fecha indeterminada diciendo que, según un protocolo de almacenamiento y borrado de material informático acorde a la Ley de Protección de Datos, cuando una persona deja de usar un equipo se formatea y, en el caso de que por su cargo hubiera manejado información sensible, se destruye.