El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como testigos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores en ese cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos para que los días 13 y 14 de agosto aclaren el procedimiento de donaciones anónimas al partido. En un auto notificado, el juez cita a Cospedal para el día 14 de agosto a las díez de la mañana, y a Arenas y Cascos para el 13 de agosto. Tanto Cospedal como Arenas tienen derecho a declarar desde sus despachos por su condición de aforados, pero ambos han anunciado que acudirán a la Audicencia Nacional.

El fiscal Antonio Romeral apoyó la petición de la acusación popular, ejercida por IU, de que testificara Cospedal o el "representante legal" del partido, pero no consideró procedente la declaración de Álvarez Cascos y Arenas porque el período en que ostentaron ese cargo "es anterior al que delimita el objeto de investigación" sobre la supuesta caja B del PP. Ruz discrepa en este punto con el fiscal y entiende que también son "pertinentes" las testificales de Cascos y Arenas, ya que ambos fueron secretarios generales del PP "durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes" contables aportados a la causa por Bárcenas.

Por ello y "a fin de no incurrir en incongruencia" acuerda la declaración de estos tres testigos, ya que todos ellos "ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido" y respecto a las fechas en las que les ha llamado a declarar, en pleno mes de agosto, recuerda que, según el artículo 184.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de causas criminales". Entiende el juez que, aunque los cargos de Álvarez Cascos (1989-1992) y Arenas (1982-2002) en la Secretaría General del partido se corresponden con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, "pueden aportar datos relevantes para la investigación en curso" y explicar el procedimiento seguido para la recepción de donaciones "anónimas" en el PP entre 1992 y 2008.

Respecto a la salvedad que hizo el fiscal de que declarara Cospedal o "el representante legal", Ruz señala que no entiende porque Romeral alude a ese representante "como persona que subsidiariamente pudiera atender a la testifical propuesta habida cuenta del objeto o finalidad que se liga a la misma". Lo que sí observa el juez es que al ostentar ahora Cospedal el cargo de presidenta de Castilla-La Mancha, una comisión judicial puede desplazarse a tomarle declaración en su despacho oficial, "sin perjuicio de la posibilidad de llevarse a cabo" en el juzgado de Ruz y "siempre que la citación no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo".

La petición de IU de que declarara Cospedal es anterior a la declaración de Bárcenas del pasado 15 de julio en la que aseguró, entre otras cuestiones, que le dio a ella y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 90.000 euros en total en sobresueldos en negro. En este mismo auto, Ruz acuerda también citar como testigos al cajero del PP Antonio Ortíz y al gerente que sucedió en ese cargo a Luis Bárcenas, Cristobal Páez. Requiere además al PP que identifique a todos aquellos que "podrían haber tenido acceso a la contabilidad" del partido desde 2002, identificando "con nombre y apellidos" a los tres auditores internos sobre los que declaró en su día la actual tesorera del PP, Milagros Puente.

También, que el partido certifique los asesoramientos que supuestamente prestó el apoderado de la constructora Rubau, Antonio Vilela, también imputado en la causa, a una "comisión de infraestructuras" interna del partido, así como que identifique a sus miembros, fecha de creación, funciones, reuniones mantenidas y que se aporten las actas de este órgano. Asimismo que se identifique a los secretarios de los ex tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y que entregue el expediente completo sobre la contratación del arquitecto Gonzalo Urquijo para la reforma de la sede del PP.

También requiere documentación a varias de las empresas que aparecen como donantes en los llamados papeles de Bárcenas y cuyos propietarios están imputados en la causa. A José Luis Sánchez Domínguez, presidente de Sando, le pide que entregue "toda la documentación que obre en su poder sobre el proceso de adjudicación de la concesión de la autovía Madrid-Toledo". También requiere a la empresa OHL, presidida por Juan Miguel Villar Mir, su contabilidad y la de las empresas del grupo donde se reflejen las donaciones efectuadas entre 2004 y 2011. Lo mismo pide con respecto a Azvi, presidida por Manuel Contreras Caro; Sacyr-Vallehermoso, propiedad de Luis del Rivero, y FCC, de José Mayor Oreja.

"Encantada de poder decir la verdad en sede judicial"

La secretaria general del PP se ha mostrado "encantada de poder colaborar" con la justicia en este caso "y poder decir en sede judicial la verdad". Según ha dicho, así podrá "contestar a tantas mentiras y calumnias que se están vertiendo". 

Por su parte, Arenas ha manifestado su respeto por la decisión del juez Pablo Ruz  y ha expresado su plena disposición a colaborar con la justicia y a contar al magistrado "toda la verdad que ha vivido en el PP". En este sentido, Arenas ha vuelto a negar que el PP haya tenido una contabilidad B, subrayando que las únicas cuentas del partido que él ha conocido son las que han enviado anualmente al Tribunal de Cuentas.