La decisión de Felipe VI de retirar a su padre la asignación que recibía no afecta a la condición de don Juan Carlos como miembro de la Familia Real ni a que pueda seguir manteniendo el estatus jurídico que tiene desde su abdicación. El Rey informó el domingo de su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos mediante un comunicado de La Zarzuela tras informaciones en las que se aseguraba que Felipe VI es beneficiario de una sociedad offshore creada por su padre y vinculada a una donación millonaia de Arabia Saudí.

El Monarca retiraba a su padre la cantidad que percibía anualmente de los Presupuestos del Estado, cercana a 200.000 euros, ya que el último dato en la web de la Casa Real corresponde a 2018 y ascendía a 194.232. Tras renunciar a la Corona en 2014, don Juan Carlos mantuvo su condición de miembro de la Familia Real, su consideración como Rey y el estatus jurídico de aforado. Conservó todo ello, junto a la asignación presupuestaria, tras retirarse de la actividad oficial el pasado 2 de junio.

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Sólo se eliminó su Secretaría, a cuyo frente estaba el diplomático Alfonso Sanz Portolés. No obstante, La Zarzuela ya avanzó entonces que la retirada de la actividad oficial podría afectar también a la remuneración que percibía. Es lo que ha ocurrido ahora, al anunciar el Rey que dejará de recibirla pero sin que lleve aparejado que afecte a otras prerrogativas. El decreto que aprobó el Gobierno en 2014 tras la abdicación establecía que don Juan Carlos y doña Sofía mantuvieran los tratamientos de Rey y de Reina, y así seguirá siendo.

Continuará formando parte de la Familia Real, que con la proclamación de Felipe VI quedó reducida a los Reyes, sus hijas, don Juan Carlos y doña Sofía, y mantendrá el mismo estatus jurídico. Eso implica que, al seguir siendo aforado, sólo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos tras el 19 de junio de 2014, la fecha de su abdicación. Desde entonces perdió su inviolabilidad, pero la mantiene para hechos que ocurrieran antes de se momento.

Teniendo en cuenta esa inviolabilidad, la Mesa del Congreso rechazó el día 10 la petición de crear una comisión para esclarecer las presuntas irregularidades fiscales cometidas por don Juan Carlos. Por ello también el Supremo archivó el año pasado la querella de IU y el PCE por los audios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el ex comisario Villarejo en los que se implicaba al Rey. Sin embargo, Anticorrupción ha pedido a Suiza recientemente investigar una supuesta donación a Corinna.

Don Juan Carlos designó para su representación legal al abogado Javier Sánchez-Junco, que atesora una larga experiencia como fiscal en materia anticorrupción.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, dijo que la decisión del Rey de renunciar a la herencia y retirarle su asignación es "una declaración de confianza en las instituciones", pero cree que los españoles deben saber el origen de la supuesta fortuna de don Juan Carlos.