El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aterrizará en el Palacio de La Moncloa antes de Navidad después de hablar con casi todos, empezando por la canciller alemana, Angela Merkel, a quien garantizó que España cumplirá con los objetivos de déficit pactados con la UE para 2012 y 2013.

Después de este solemne compromiso, absolutamente prioritario según informó el pasado lunes su secretaria general, María Dolores de Cospedal, sólo falta conocer de dónde recortará los 20.000 millones que necesita ahorrar para empezar a cuadrar las cuentas camino de la estabilidad presupuestaria. Si nos atenemos a lo anunciado por el propio Rajoy en plena campaña electoral, pasará la tijera de podar por todos los servicios, excepto por el de las pensiones. Con el pago de las recetas farmacéuticas en función de la renta, por ejemplo, según concretó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y, por supuesto, en móviles, coches y otros chocolates del loro.

Pero más allá de estos últimos recortes más efectistas que efectivos, muchos de los tijeretazos que protagonizará Rajoy se están ejecutando o se han anunciado en Cataluña, auténtico laboratorio de pruebas de las políticas de centro-derecha tal como ha puesto de manifiesto la buena sintonía presupuestaria existente entre el PP y CiU.

Así, el presidente de la Generalitat anunció dos días después de las elecciones del 20-N, comicios que CiU ganó pese a los recortes, una nueva bajada del sueldo de los empleados públicos para 2012, entre otras medidas. Aunque está por concretar, los funcionarios catalanes verán reducido sus salarios tras el recorte del 5% que sufrieron ya en 2010 y la congelación salarial de 2011, fruto de las medidas de austeridad que adoptó el Gobierno de José LuisRodríguez Zapatero en mayo del año pasado cuando el rescate griego encendió todas las alarmas en la zona euro.

Ni que decir tiene que el Gobierno de Rajoy tomará la senda abierta por el Ejecutivo de Mas, y recortará los salarios de los empleados públicos en todo el territorio nacional. Pero la medida puede tener mucho más calado.

Fuentes populares indicaron que se ha barajado seriamente en el seno del equipo económico del PP la posibilidad de hacer tabularasa con los salarios de todos los empleados públicos. Así, el Gobierno de Rajoy podría aprobar unos cuadros salariales que igualarían los sueldos por categorías profesionales en todas las administraciones públicas -Estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos-. De esta forma, un jefe de servicio, por ejemplo, cobraría igual independientemente de donde trabaje.

Según cálculos estimativos, esta medida reduciría sustancialmente, entre un 10% y un 25%, el capítulo de personal, que en muchos organismos públicos supera el 80% del presupuesto total (se recomienda que represente sólo un tercio de los ingresos). Y, por tanto, aliviaría a muchos ayuntamientos que están de facto en quiebra técnica. Habrá que ver si Rajoy se atreve.