El juez Eloy Velasco ha enviado a prisión sin fianza al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), al alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP) y a uno de los supuestos cabecillas y conseguidor de contratos públicos de la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca. En la segunda ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional a los detenidos en la trama de corrupción municipal y regional destapada en la operación Púnica esta semana, Velasco ha interrogado a quince personas, de las cuales solo una ha quedado en libertad, mientras que ha dictado prisión incondicional para cinco y eludible bajo fianza de entre 300.000 y 25.000 euros para nueve acusados.

Así, junto a Martínez, Boza y De Pedro, ha enviado a prisión sin posibilidad de pagar fianza a Ana María Ramírez, secretaria del David Marjaliza, el socio de Francisco Granados, y un empleado de la empresa Cofely, Pedro García Pérez. La fianza más alta que ha impuesto ha sido de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, y el único acusado que ha quedado en libertad ha sido el ex alcalde de Cartagena Jose Antonio Alonso.

Quienes no han acudido a la Audiencia Nacional son dos de los principales imputados en la trama, el ex consejero madrileño y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, así como su socio David Marjaliza.

Según el auto dictado por el juez, el presidente de la Diputación de León habría puesto en marcha procedimientos de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro. Todo ello "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".

Martínez, añade, "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude". Ante esta situación, el PP de Castilla y León ha abierto expediente disciplinario para expulsarle del partido, y le ha pedido que deje todos sus cargos o adoptará medidas para que así sea.

En relación a De Pedro, el juez le sitúa como "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo" al de Marjaliza. Velasco afirma en el auto que para los dos "conseguidores" de la trama -De Pedro y Marjaliza- la red era "un auténtico modus vivendi" y que existe una alta probabilidad de reincidencia en vista de "las redes clientelares descubiertas" en la investigación.

En relación a Boza, el juez dice que ha favorecido "de manera continuada" a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística. Lo hizo, agrega, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y "otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios".

Por otra parte, los alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas, y de Parla, Jose María Fraile (PSOE), han sido excarcelados tras pagar las fianzas de 60.000 euros que les impuso el juez. Velasco ha tomado declaración a 27 detenidos y ha dictado prisión incondicional para cinco de ellos, prisión eludible con fianza a otros trece, libertad con fianza para dos y siete en libertad. 

Dos nuevos detenidos por intermediar en contratos

La Guardia Civil ha detenido a otras dos personas supuestamente relacionadas con la trama y que podrían haber intermediado en los contratos del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba. Los detenidos son Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado Garzón, responsable económico, el primero, y comercial, el segundo, del diario El Faro de Guadarrama, han informado fuentes de la investigación. Estas detenciones se llevaron a cabo la noche del miércoles. Una de estas personas fue arrestada tras volver a España de un viaje en el extranjero. Precisamente uno de ellos, José Manuel Casado, es la persona con la que la Guardia Civil confundió a otra con el mismo nombre y que fue arrestado en Collado Villalba, aunque horas después fue puesto en libertad al comprobar los agentes el error.

Con estas detenciones y la de un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil son ya 37 los arrestados en la operación y 14 los imputados.

El alcalde de Collado Villalba, al que el juez de la Audiencia Nacional puso en libertad bajo fianza de 40.000 euros, es uno de los que adjudicó un contrato a la filial española de la multinacional Cofely, la mayor beneficiada por la trama en la que supuestamente está implicado Francisco Granados. El contrato era por un importe de 42,9 millones de euros, fue adjudicado en mayo de este año y formalizado el día 2 del mes siguiente, y estaba destinado al mantenimiento de la instalación energética de los edificios municipales y de alumbrado público y a la mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento.