Un pequeño número de presos de ETA integrados en el colectivo de reclusos de la banda (EPPK), el que agrupa a los internos fieles a la cúpula etarra, ha comenzado a solicitar en los últimos días acogerse individualmente a beneficios penitenciarios que hasta ahora rechazaban.

Así lo han confirmado a Efe fuentes penitenciarias, que han explicado que por el momento se trata de un reducido grupo de reclusos enfermos, que han cumplido las tres cuartas partes de la condena, o a quienes se ha aplicado la llamada doctrina Parot.

El pasado 13 de noviembre, el EPPK anunció que los reclusos etarras comenzarían de forma inmediata a reclamar la aplicación de los beneficios penitenciarios a los que, a su juicio, tienen derecho. Sin embargo, hasta esta semana no se había presentado ninguna solicitud formal ante las direcciones de cada uno de los centros penitenciarios.

La expectación creada en las cárceles por el anuncio de ETA de un final definitivo de su actividad terrorista ha provocado un cierre de filas en el EPPK, que desde hace meses no sufre nuevos abandonos ante el temor de muchos internos de quedar al margen de hipotéticas "soluciones colectivas" para los presos de la banda.

De hecho, los únicos reclusos de ETA que hasta ahora se habían acogido a beneficios penitenciarios de carácter individual habían sido poco a poco expulsados de la banda y excluidos del EPPK.

Una de las últimas en ser "purgada" del colectivo ha sido la terrorista Idoia López Riaño, La Tigresa, interna en la prisión alavesa de Nanclares de Oca desde junio de 2010 tras firmar un documento en el que se desmarcaba de ETA. López Riaño, implicada en 23 asesinatos, fue trasladada a Nanclares junto a su pareja, Joseba Arizmendi, que también ha sido expulsado del EPPK.

Este importante movimiento en el colectivo de presos etarras coincide con la convocatoria de una movilización general popular para el próximo 7 de enero en Bilbao en defensa de los derechos de los internos.

A la iniciativa, convocada por Egin Dezagun Bidea, se ha sumado también Etxerat, la asociación que representa a los familiares de reclusos de la banda.

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha concedido un permiso de tres días al etarra Aitor Bores, condenado por los asesinatos de un guardia civil y un policía nacional en 1994, como recompensa a su "buena conducta", su "comportamiento responsable" y la "evolución penitenciaria positiva" que ha venido experimentando durante los últimos años.

En un auto, la Sección Primera de la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y confirma el permiso que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, concedió el pasado 25 de mayo tras contar con el aval de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava), en la que se agrupan los reclusos que han roto con la banda.