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El PSOE acude al TC por los "abusivos" vetos del Gobierno a la oposiciónLas Cortes valencianas reclaman al PP el dinero de la campaña de 2007

  • Robles lamenta que el Ejecutivo, con el apoyo del C's, tumba "por sistema" las iniciativas en materia socialInstan a la Fiscalía a pedir los 1,2 millones por la subvención electoral vinculada al caso Gürtel

Margarita Robles.

Margarita Robles. / mariscal / efe

La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, mostró ayer su deseo de que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva pronto el recurso presentado por los socialistas contra los "abusivos" vetos que el Gobierno, con la "complicidad" de Ciudadanos (C's), está imponiendo a las iniciativas legislativas de corte social presentadas por la oposición.

El PSOE llevó ante el TC la decisión de la Mesa del Congreso de aceptar el veto del Ejecutivo a su proposición de ley para reformar la Ley de Seguridad Social al objeto de flexibilizar el cobro de una pensión no contributiva por parte de dos familiares. Robles incidió en que el Gobierno hace una "interpretación arbitraria y abusiva" del artículo 134 de la Constitución que le otorga derecho de veto a iniciativas que impliquen un aumento del gasto o un descenso de ingreso presupuestarios. "No tiene precedentes", sostuvo. "Veta sistemáticamente la acción de la oposición".

La número dos del PSOE, Adriana Lastra, recordó que C's sí ha permitido la tramitación de iniciativas que implicaban aumento del gasto. "Qué casualidad, antes de pactar la investidura", ironizó.

El Pleno de Las Cortes valencianas aprobó ayer, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, que la Fiscalía reclame al Partido Popular la subvención electoral de 1,2 millones que recibió por los comicios autonómicos de 2007. Así lo planteó una iniciativa de Compromís después de que el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa admitiera en el juicio del caso Gürtel que su partido se financiaba con dinero negro, que contó con el respaldo de los socialistas y de Podem.

La diputada de Compromís Mireia Mollà indicó que, igual que tienen que pagar los empresarios, los cabecillas de la trama y los que dirigieron políticamente esa "maquinaria" y la ordenaron, el PP debe devolver los recursos públicos que obtuvo de forma "ilegal" y "fraudulenta".

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