La portavoz del PP, Soraya Saénz de Santamaría, ha instado al Gobierno a que tome las medidas necesarias por el chivatazo que recibió en 2006 Joseba Imanol Elosua, miembro de la red de extorsión de ETA. Santamaría ha destacado que aún en la actualidad no se ha averiguado quién avisó al propietario del bar Faisán de Irún de que iba a ser detenido. Así, ha asegurado que asumir las citadas responsabilidades reforzaría el Pacto antiterrorista del PSOE y PP.    

Esta petición se realiza sólo un día después de que el PP solicitara la competencia en la Cámara Baja del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el fiscal general del Estado,Cándido Conde Pumpido. A ésta han sumado la propuesta de que el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, también comparezca. Los populares han argumentado que la presencia de Rubalcaba es necesaria para esclarecer si hay que "recabar nuevas pruebas" que permitan identificar al autor de la llamada a Elosua.    

Con esta serie de ruegos, el PP se niega a que se archive esta causa que investiga el denominado 'chivatazo' a ETA tras la petición que ha realizado la Fiscalía de la Audiencia al no haber encontrado pruebas de la implicación del ex directo de la Policía Víctor García Hidalgo.    

Así, Saénz de Santamaría ha dejado claro que es un "hecho probado" que Elosua recibió una llamada alertándole de su detención, al mismo tiempo que ha asegurado que si la Fiscalía ha reclamado el archivo de la causa quiere decir que "alguien quiere ocultar lo que pasó", porque puede haber "altos miembros de la Policía" implicados. "Aquí hay responsabilidades políticas y las vamos a exigir", ha apostillado.    

Durante su comparecencia en el Congreso, Saénz de Santamaría ha recalcado que, tanto Caamaño, como Rubalcaba, deben ser "fieles" al pacto anti terrorista. Ha señalado que la principal función de este tratado es "dar un mensaje muy claro a ETA de que no se va a negociar con ellos".    

Por otro lado, la portavoz de los populares en el Congreso ha destacado el "celo extraordinario" que pone el titular de Interior en investigar los casos en los que supuestamente hay implicados miembros del PP y el hecho de que, tres años después, "no haya sido capaz de investigar con sesudos informes para averiguar quien dio el chivatazo a un terorista".    

Rubalcaba hace hincapié en que ningún implicado escapó

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho hincapié en que en "todos" los presuntos implicados en la operación policial llevada a cabo en mayo de 2006 contra una red extorsión de ETA en torno al bar Faisán de Irún fueron detenidos, puestos a disposición judicial y procesados.

Rubalcaba ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Senado ante la polémica originada por la decisión del fiscal de pedir al juez Baltasar Garzón el archivo de la investigación abierta sobre el "chivatazo" que supuestamente alertó al propietario del bar, Joseba Elosúa, de su inminente arresto.

Según el ministro, en aquella operación "todos los presuntos implicados pasaron a disposición judicial" tras ser detenidos por la Policía, todos ingresaron en prisión y también "absolutamente todos" fueron procesados. "Es algo que me gustaría que quedara muy claro porque eso afecta, y mucho, a la lucha antiterrorista", ha apuntado Rubalcaba.

Además, el ministro ha subrayado que la lucha antiterrorista "va por buen camino" y como los acuerdos en esta materia son algo "fundamental" él se ha comprometido a "intentar preservar siempre" este principio. El titular de Interior, que no ha querido responder a preguntas sobre esta cuestión, ha remarcado que ahora "lo procedente" es esperar a que la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional acabe y al auto que dicte el juez instructor. A partir de ese momento, ha añadido, se podrán hacer las "valoraciones oportunas", pero en todo caso el ministro ha insistido en que ahora es necesario esperar.

Sobre esta misma cuestión, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, ha expresado en el Senado su voluntad de acudir al Parlamento "cuantas veces" lo requieran los órganos que dentro de ambas Cámaras así lo decidan. De este modo, si el Congreso aprueba la petición que el PP ha registrado para que comparezca y explique qué se ha investigado en el caso y por qué la Fiscalía ha pedido su archivo, el ministro irá a la Cámara Baja, "como no podía ser de otra manera", ha dicho. Sin embargo, ha pedido Caamaño "a los representantes del PP" que sean "prudentes" en sus manifestaciones, sobre todo cuando éstas "afectan a las instituciones del Estado". Además del ministro de Justicia, el grupo popular quiere que comparezcan Alfredo Pérez Rubalcaba y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.