El PP consideró que las últimas informaciones relativas al patrimonio del presidente del Congreso, José Bono, recogen "ciertas conductas y hechos" que podrían ser constitutivos de delito y por eso instaron a la Fiscalía Anticorrupción a que actúe de forma "imperativa". En concreto, sostuvieron que podría aplicarse a este caso la doctrina sobre el cohecho pasivo impropio que estableció el Tribunal Supremo en su sentencia sobre la reapertura de la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Los populares recalcaron que la actuación de la Fiscalía es "urgente" para esclarecer unos hechos que, a su entender, están provocando "la alarma social en una ciudadanía que no llega a entender la falta de transparencia" en este asunto que afecta a la cuarta autoridad del Estado y en el que "socialmente ya se empieza a cuestionar el alcance jurídico-penal de los hechos", sin que actúe la Fiscalía y los órganos encargados de evaluarlo.

Según el primer partido de la oposición, las dádivas al presidente del Congreso fueron "aparentemente reiteradas" y "aparentemente opacas" pero "eso sí muchísimo más cuantiosas que las examinadas" en el caso que afecta al presidente de la Generalitat Valenciana sobre sus regalos presuntamente regalados por la trama Gürtel. Así, se recoge en el escrito de denuncia que presentó el 29 de abril ante la Fiscalía General del Estado sobre "presuntas irregularidades y desajustes patrimoniales", de José Bono, que fue ampliada a su vez a los días 5 y 11 de mayo.

Sigue el "flujo de las informaciones"

El PP señaló que en esta última semana continuó el "flujo de informaciones" sobre el patrimonio de Bono y su "relación presuntamente irregular" con el promotor Rafael Santamaría. Para ello, citó noticias de La Gaceta, El Confidencial.com, El Mundo y El País relativas a vínculos patrimoniales con determinados patrocinadores de la Hípica Almenara o a la relación de su familia con el constructor, entre otras.

Destacó que estas informaciones "vienen a ahondar, con aportación de nuevos datos hasta ahora ignotos, en la desconcertante" situación patrimonial de Bono. Además, resaltó el hecho de que "la mayoría" de los medios se haya sumado a "la campaña de transparencia" que inició el Grupo Intereconomía, algo que, evidencia "un patente incremento del interés social que está generando este asunto" y que exige un "mayor esfuerzo" por parte de todos y, en especial de la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos.

Los populares hicieron hincapié en que alguno de los medios que empleó la palabra "ocultó" al hablar de este caso, lo que "de manera clara y directa cuestionan la pregunta irregularidad de las actuaciones del presidente del Congreso". Es más, dijo que "alguno" de los periodistas se cuestiona también si a las actuaciones de Bono cabría aplicarle la doctrina que sobre el cohecho pasivo impropio" estableció recientemente el Supremo en el caso de los trajes.

El partido de Mariano Rajoy consideró que, de "resultar ciertas las conductas y hechos que vienen difundiendo la inmensa mayoría de los medios de comunicación, podrían ser constitutivos de delitos" porque las informaciones hablan "directamente de ocultaciones patrimoniales" así como de "relaciones presuntamente irregulares" con un constructor. Si se confirmaran, afectarían "sin lugar a dudas al ejercicio de la función pública desarrollada" por el presidente del Congreso.

Como hizo en su otro escrito de ampliación de denuncia, el Partido Popular quiere que se le entregue el escrito inicial que el presidente de la Cámara Baja dirigió al Ministerio Público (incluidos los anexos que hubiera enviado) en el que hizo una relación de todo su patrimonio. También solicitó de nuevo que se ordene a la Fiscalía Anticorrupción que recabe de la junta de Comunidades de Castilla La-Mancha información de todas las adjudicaciones de "contratos de obras, servicios o cualquier beneficio urbanístico" concedidas en los últimos años diez años a la empresa Reyal Urbis o a cualquier otra empresa de Rafael Santamaría en la que este constructor tuviese participación mayoritaria o de control.