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Los tres ediles de Orihuela quedan en libertad sin fianza, pero imputados

Los concejales de Orihuela Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía han quedado en libertad sin fianza por el juez del caso Brugal, aunque imputados, según han indicado fuentes conocedoras del caso.

Las mismas fuentes han explicado que los tres ediles estarían imputados por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que investiga la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, ha tomado esa medida tras tomar declaración a los tres ediles, todos ellos del PP.

Según las fuentes consultadas, el fiscal había solicitado para cada uno de los concejales la medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, petición que ha sido desestimada por el juez.

A la salida de los juzgados, Ginés ha manifestado a los periodistas que habían quedado en libertad sin fianza, pero sin aclarar si estaban imputados, mientras que Abadía ha indicado que no podía decir nada porque la investigación está bajo secreto de sumario, pero ha afirmado que confía en la Justicia.

Por su parte, Rodríguez Murcia ha señalado que estaba "tranquilo" a los medios de comunicación que "hacen guardia" ante el Palacio de Justicia de Orihuela.

Además, el empresario Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel han acudido también a los juzgados para declarar, al igual que los tres ediles populares, en calidad de imputados ante el instructor.

El juez ha acordado "prisión provisional eludible" con una fianza de 300.000 euros para Fenoll y de 100.000 euros para su hijo, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

A ambos se les ha concedido un plazo de cinco días hábiles para reunir las cantidades establecidas, según el TSJCV.

A petición del ministerio fiscal, estos importes deben ser adicionales a los ya acordado en 2007 -cuando Fenoll, su hijo y otras personas más fueron detenidos en la primera parte de la investigación del caso "Brugal"- para garantizar su presencia en el proceso y su localización permanente.

Las personas arrestadas entonces estaban acusadas de los presuntos delitos de cohecho, extorsión, amenazas, tráfico de influencias y revelación de información.

Ahora, las imputaciones de los dos empresarios han variado con el transcurso del tiempo, en el sentido de que en la actualidad corresponden a otras infracciones penales iguales o similiares a las que se informó a los imputados que declararon ayer ante el juez.

Las comparecencias de hoy han tenido lugar después de que el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, fuera ayer imputado formalmente en la investigación de la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, al igual que otros cinco empresarios.

En concreto, el juez ha imputado a Ripoll cinco supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, fraude y tráfico de influencias.

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