La Ertzaintza impidió ayer la celebración de un acto a favor de los presos de ETA en el velódromo de Anoeta, que había sido prohibido por la Audiencia Nacional. Alrededor de ocho furgonetas de efectivos antidisturbios de la Policía Vasca acordonaron los accesos al velódromo de Anoeta desde las cuatro de la tarde, impidiendo el paso de vehículos y peatones.

Hacia las cuatro y veinte, una veintena de personas que se presentaron como responsables de la convocatoria del acto, intentaron acceder a la zona y, en ese momento, agentes de la Ertzaintza les entregaron copia del auto del juez Juan del Olmo en el que prohibía el acto, al entender que estba auspiciado por las ilegalizadas Batasuna y Askatasuna.

Cientos de personas se quedaron congregadas en la explanada de acceso al estadio de Anoeta y en los alrededores, cerca del velódromo, pero en vista de la imposibilidad de celebrar el acto, se dispersaron sin incidentes. Pese a ello, la Ertzaintza mantuvo el operativo policial.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, había prohibido el acto convocado en San Sebastián a favor de la amnistía de los presos por el colectivo Jare!, con el apoyo de la asociación de familiares y allegados de presos de ETA Etxerat, al apreciar que existen vinculaciones entre los organizadores del acto y Batasuna y Gestoras-Askatasuna.

Tras recibir un informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que se encuentra de guardia esta semana, acordó la prohibición del acto al haberse demostrado que estaba promovido por la ilegalizada Batasuna y Gestoras-Askatasuna, organización de apoyo a los presos de ETA, según indicaron fuentes jurídicas.

Por otra parte, el Gobierno vasco no quiso hacer ningún tipo de declaración respecto a la entrevista del diario Gara con un supuesto integrante de la cúpula de ETA y sólo quiso dejar claro a la banda la postura de la sociedad vasca hacia ellos. "Ya le han dicho a ETA lo que le tenían que decir", apuntó el Ejecutivo autonómico, que responde con silencio a las críticas de la organización hacia el plan Ibarretxe, que tachan de "nuevo fraude".

El PP considera que estas declaraciones de la organización son una "autojustificación de los terroristas". En este sentido, Ignacio Astarloa declaró que al fin y al cabo "la cuestión no es lo que digan (los terroristas), sino la respuesta que reciban". Además, consideró que ETA debe escuchar el "mensaje inequívoco" de que "el Estado va a utilizar la máxima firmeza y va a tomar todas las medidas que hagan falta para lograr la derrota de los terroristas".

Según indicó el secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP esta aseveración implica que el Gobierno diga a los terroristas que "no pueden ser alcaldes, ni concejales, parlamentarios y que, en consecuencia, los instrumentos que han utilizado para superar la ley de partidos y cometer el fraude de ley, que son el PCTV y ANV pasen a la ilegalidad".