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Marruecos dice que Galván puede ser extraditado si España le retira la nacionalidad

El ministro marroquí de Justicia, Mustafa Ramid, cree que es más factible que el pederasta Daniel Galván sea juzgado en España, salvo en el caso de que el Gobierno español lo despoje de su "nacionalidad adquirida" y posteriormente lo extradite al país magrebí. Ramid recordó que para su país el objetivo principal es que Galván (indultado el pasado martes por el rey Mohamed VI, quien cinco días después revocó el indulto) "no escape a la impunidad".

Galván ya ha declarado ante la policía española que no quiere ser extraditado a Marruecos y ha invocado su "arraigo" en España, y lo cierto es que la extradición se plantea como compleja, según Ramid, debido a que el convenio de cooperación judicial entre los dos países prohíbe en su artículo 3 (párrafo 3) la entrega de nacionales al otro país. "No creo que la Justicia española pueda decretar su extradición salvo en el caso de que se le retire la nacionalidad española, que es adquirida", dijo Ramid, en referencia a la nacionalidad iraquí originaria de Galván.

La delegación de su ministerio que viajó a Madrid estudia "varios enfoques: uno, juzgarlo en España, lo cual es posible; otro, que cumpla en España la pena (de 30 años de cárcel) dictada por un tribunal marroquí"; por último, la extradición, señaló el ministro. Pero la extradición -recordó- "no es una decisión política o administrativa, sino también judicial".

Ramid evocó el "error en la presentación de datos" que condujo a la liberación sin cargos de Galván, un error que según la diplomacia española consistió en que alguien en la administración marroquí mezcló en una sola las dos listas de presos presentadas por el Gobierno español, una con nombres de "indultables" y otra de presos que piden cumplir la condena en su país y en la que figuraba el nombre de Galván. Sin confirmar este dato, Ramid dijo que el error se había producido en la Administración Penitenciaria -cuyo delegado general, Hafez Benhachem, fue cesado por el rey Mohamed VI-, ya que los casos de "indultos excepcionales" pasan únicamente por las manos de esta Administración, sin otros filtros, antes de ser validados por el monarca.

Distinto es el caso de lo que llamó "indultos ordinarios", que son estudiados por una Comisión de Indultos en la que se sientan representantes del ministerio de Justicia, la Administración Penitenciaria, el Tribunal de Casación y la Fiscalía General, entre otros, lo que -dio a entender- permite un mayor control de todo el proceso.

Por último, Ramid lamentó "el abuso de poder" que según él se produjo el pasado viernes, cuando la policía marroquí dispersó con violencia varias manifestaciones convocadas en distintas ciudades marroquíes en protesta contra el indulto de Galván. "Las autoridades no pueden dispersar una aglomeración no armada y que no esté atentando contra el orden público", afirmó Ramid, y por ello su ministerio está "determinado a tomar todas las medidas para investigar este asunto con todas las consecuencias jurídicas que suponga".

El pederasta español Daniel Galván abandonó Marruecos el pasado miércoles, horas después de serle concedido el indulto junto a otros 47 españoles presos. Su indulto, no el de los demás, fue revocado el pasado domingo por el rey Mohamed VI ante la oleada de indignación suscitada en su país. Un día después, y cuando solo llevaba cinco días en la calle, Galván fue detenido por la policía española en un hotel de Murcia gracias a una orden internacional de busca y captura y puesto a disposición judicial en la Audiencia Nacional, que dictó prisión provisional para él.

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