Antonio Coronado, uno de los acusados en el caso de presunto espionaje a políticos del PP de Madrid entre 2008 y 2009, ha asegurado que el ex presidente regional Ignacio González ordenó seguir a la actual presidenta Cristina Cifuentes y al ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo ha señalado en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, en la que también han comparecido otros dos acusados: el guardia civil José Oreja y el técnico de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto.

El pasado mes de junio, la Audiencia de Madrid ordenó reabrir el caso al considerar que hay indicios de delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios de la Comunidad Sergio Gamón, José Manuel Pinto y Miguel Castaño y los guardias civiles José Oreja Sánchez, José Luis Caro y Antonio Coronado Martínez. Todos ellos están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al ex vicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al ex consejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.

Coronado ha recordado que en septiembre de 2007 el ex consejero de Presidencia y Justicia Francisco Granados le nombró asesor de seguridad. Tiempo después, en marzo de 2008, ha explicado que el ex director de Seguridad Sergio Gamón le citó en su despacho junto con otros dos asesores de la Guardia Givil y tres de la Policía Nacional. "Nos dice que por especial interés de González hay que recabar una información, unos seguimientos de unas personas, de unos objetivos", ha declarado.

Entre estos nombres ha asegurado que estaban los de la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, el ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada (predecesor de Granados en el cargo). En la reunión, Coronado ha señalado que también estuvo presente el ex subdirector de Seguridad Miguel Castaño. "Nos quedamos perplejos (...) al salir de la reunión nos dirigimos al consejero de Presidencia para denunciarle las órdenes que nos había dado Gamón, que no las íbamos a cumplir y que eso podía ser un hecho delictivo", ha sostenido en referencia a él y a los otros dos guardias civiles acusados. Coronado ha señalado que desde entonces los tres sufrieron un "calvario" con "presiones terroríficas" por parte de sus superiores.

A continuación, el guardia civil José Oreja ha ratificado que González fue quien ordenó los seguimientos de Cifuentes, Gallardón, Cobo, un alto cargo de Arpegio, los entonces alcaldes de Fuenlabrada y Getafe (Manuel Roles y Pedro Castro) y dos trabajadores de la dirección regional de Seguridad. Asimismo, ha explicado que tras denunciar a Granados la orden que recibieron de seguimiento tuvieron que empezar a anotar en unos papeles la hora a la que llegaban a los puntos a los que les mandaban ir a trabajar y la hora a la que se marchaban.

Aunque ha asegurado que "no tenían ningún contenido", ha precisado que los tres guardias civiles vieron cómo el ex subdirector de Seguridad Miguel Castaño escribió a continuación sobre esos papeles. Oreja considera que son "víctimas" de un caso de supuesto espionaje en el que se "instrumentalizó la cúpula de seguridad" de la Comunidad para ponerla "al servicio de la corrupción política" que, en su opinión, afectaba al PP de Madrid.

Por su parte, el técnico José Manuel Pinto ha negado al igual que los otros dos acusados que tenga que ver "con ningún tipo de espionaje o seguimiento". Según ha explicado, el caso arrancó con el robo de un ordenador en la Ciudad de la Justicia del que asegura le acusó Pedro Agudo, la "mano derecha" del ex director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Enrique Barón, en una reunión. A este encuentro asistió también el que era entones el responsable de Pinto, José Palomo Gallego, que fue informado igualmente. "Me consoló diciéndome que no nos preocupáramos porque él y Barón venían a la Comunidad a cazar a Aguirre, Granados y González, que eran unos chorizos, literal", ha sostenido en referencia a Agudo. El supuesto espionaje a cargos del PP de Madrid ya se trató en 2009 en otra comisión de investigación del Parlamento autonómico a la que no acudieron estos comparecientes.