Doce meses = cinco muertes, cero responsables. Con este lema, los familiares de las cinco chicas que murieron hace un año en la tragedia del Madrid Arena resumen un año de instrucción de un caso por el que todavía no se ha metido entre rejas a ningún responsable y que se pudo haber evitado.

A las tres de la madrugada del 1 de noviembre de 2012 la estrella de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, el DJ Steve Aoki, se subió al escenario ante una pista central repleta de jóvenes.

Poco después alguien, supuestamente un responsable de Madridec, dio la orden de que se abriese un portón de emergencia para que accediesen directamente a la pista central cientos de jóvenes, muchos de los cuales hacían botellón junto al recinto.

Un empleado de Seguriber ejecutó esta orden, que según los letrados de la acusación particular pudo desencadenar la avalancha que causó la muerte de Cristina Arce, Belén Langdon, Katia Esteban, Rocío Oña y María Teresa Alonso.

Esa decisión pudo ser la gota que colmó un vaso lleno de las posibles dejaciones, irresponsabilidades e incluso ilegalidades, como la venta de más de 16.000 entradas por parte del promotor de la fiesta y dueño de la empresa Diviertt, Miguel Ángel Flores, según se desprende del recuento judicial de las ocho urnas que se encontraron en el recinto tras la tragedia.

Flores, que quedó en libertad tras prestar declaración ante el juez y abonar una fianza de 200.000 euros, echó la culpa sin embargo al Ayuntamiento y a la Policía Municipal, ya que en su opinión la empresa municipal Madridec fue la encargada de contratar a la empresa de Seguridad (Seguriber), y los agentes no hicieron nada para evitar el botellón que había en la puerta.

El juez Eduardo López-Palop ha imputado por el momento a 25 personas pertenecientes a Diviertt -empresa promotora de la fiesta-, Kontrol 34, Seguriber, Madrid Espacios y Congresos -la empresa municipal gestora del Madrid Arena-, el equipo encargado de la asistencia médica en el evento y la cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

En el ámbito político, la tragedia provocó tres remodelaciones en tan sólo cien días en el Gobierno de la alcaldesa, Ana Botella, que afectaron a tres de sus siete concejales, todos ellos hombres fuertes de la regidora.

Aunque la noche madrileña no ha decaído, la tragedia sí marcó un antes y un después en su seguridad, con más presencia policial e inspecciones más intensas. La madre de Cristina Arce, Isabel de la Fuente, considera que Miguel Ángel Flores debería estar ya en la cárcel como presunto responsable de cinco homicidios. Cree que Flores no está en prisión porque "la Fiscalía no ha querido". A su juicio, en la funesta fiesta "se pusieron todos los medios para que alguien muriera, y lo consiguieron".

Isabel de la Fuente impulsó una campaña de recogida de firmas en internet para pedir una reforma de la Ley de Espectáculos con el objetivo de endurecer las sanciones económicas para los empresarios que incumplan la normativa.