El presidente del Congreso, Patxi López, ha admitido que hay un vacío constitucional sobre la posibilidad de convocar elecciones si finalmente no hay un candidato que concurra a la investidura, y que no es a él a quien corresponde interpretarlo. 

López, en declaraciones en el Congreso, tras la reunión de la Mesa de la Cámara Baja ha respondido así al ser preguntado sobre esa laguna legal ante una situación en la que hubiera que acudir a nuevas elecciones si ningún candidato lograra apoyos suficientes para conformar Gobierno y someterse al debate de investidura. "Ésa es la pregunta del millón", ha respondido el presidente del Congreso, quien ha subrayado que no le corresponde a él interpretar ese vacío constitucional. Patxi López ha insistido también en que cuando el Rey le convoque, acudirá con la intención de recoger el nombre de un candidato a la investidura. No obstante, ha añadido que no descarta "nada" y que tampoco le corresponde elucubrar sobre cuál será o debe ser la decisión del Rey. En cualquier caso, ha señalado que tras tener el nombre del candidato propuesto, fijará con él la fecha del debate de investidura porque tampoco se trata de "atropellar a nadie" forzando las fechas. Lo que no se ha atrevido es a hacer un cálculo sobre cuándo podría celebrarse ese debate. 

La Mesa del Congreso tramita más de 80 iniciativas legislativas

La Mesa del Congreso ha iniciado la tramitación de las más de 80 iniciativas legislativas registradas por los grupos parlamentarios en las últimas semanas, así como varias peticiones de comparecencia del Gobierno, algunas de ellas con el voto en contra del PP. Se trata de ocho proposiciones de ley y 58 proposiciones no de ley para su debate en el pleno y 21 proposiciones no de ley para discutir en comisión, ha explicado el presidente del Congreso, Patxi López, al término de la reunión. 

López ha apuntado que las peticiones de comparecencia no se han aprobado por unanimidad, ya que el PP se ha opuesto a algunas de ellas por considerar que no se correspondían a decisiones adoptadas por el Gobierno en funciones. El PP se ha opuesto así a las peticiones de comparecencia que ha hecho el PSOE de los ministros de Economía, Luis de Guindos, y Empleo, Fátima Báñez, para que explicasen los informes sobre la evolución de la economía y la del empleo que expusieron ante el Consejo de Ministros. También se han admitido, pese al voto en contra del PP, las peticiones del PSOE para que comparezca el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, sobre el informe del Plan Estratégico de Convivencia Escolar que también presentó ante el Gobierno, así como la del director general de Costas para explicar la prórroga por sesenta años de la concesión de los terrenos en los que se ubica la empresa ENCE, en Pontevedra. 

En su reunión, la Mesa no ha fijado aún fecha para el primer pleno ordinario de la legislatura, mientras que las comisiones se irán constituyendo entre esta tarde y mañana y serán sus respectivas mesas las que decidan su calendario y órdenes del día. Según López, una vez finalizado a las 14:00 el plazo dado a los grupos para inscribir a sus diputados en comisiones, está previsto que esta tarde se constituyan las de Estatuto del Diputado, de Peticiones y de Reglamento, y a lo largo de esta misma semana la Constitucional, Justicia, Presupuestos y Empleo. Los grupos están negociando ahora el reparto de cargos en esas comisiones, cuyo sistema de elección es idéntico al de la Mesa del Congreso, con papeleta y en urna. En la primera sesión de cada una de las comisiones, sus miembros elegirán a los vocales de la Mesa, empezando por su presidente. De los 43 diputados que integran cada comisión, 15 serán del PP, 11 del PSOE, 8 de Podemos y 5 de Ciudadanos, mientras que ERC, Democràcia i Llibertat (DiL), PNV y el grupo mixto tendrán un miembro cada uno. 

No obstante, el mixto ha pedido contar con dos vocales en cada comisión, pero ello -según ha explicado López- cambiaría la proporción en las comisiones y podría provocar empates en las votaciones, al ser miembros pares. El PP considera que por su peso les deberían corresponder unas diez presidencias, y el PSOE media docena, mientras que Podemos aspira a cuatro y Ciudadanos unas tres. En anteriores legislaturas, los partidos nacionalistas también han contado con un pequeño cupo de cargos en las comisiones.