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España

La Justicia alemana cierra el proceso y deja en libertad a Puigdemont

  • La Audiencia de Schleswig-Holstein levanta las medidas cautelares y la prohibición de salir del país

  • El Gobierno asegura que el poder judicial español "no queda dañado" por la decisión

Marta Pascal y David Bonvehí llegan ayer a la asamblea del PDeCAT en Barcelona. Marta Pascal y David Bonvehí llegan ayer a la asamblea del PDeCAT en Barcelona.

Marta Pascal y David Bonvehí llegan ayer a la asamblea del PDeCAT en Barcelona. / marta pérez / efe

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La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein dio ayer por "completamente cerrado" el proceso de extradición contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y dejó en libertad al líder soberanista, poniendo fin a 118 días de un intrincado procedimiento legal con notables connotaciones políticas. "Puigdemont es libre y puede abandonar Alemania inmediatamente", aseguró en declaraciones a Efe la portavoz de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, Frauke Holmer.

El tribunal dio carpetazo al proceso al decretar el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre Puigdemont -en libertad bajo fianza de 75.000 euros- una vez que recibió la comunicación oficial de la decisión del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, que retiró el jueves la petición de extradición.

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Llarena procedió de esta manera una semana después de que la propia audiencia alemana resolviese aceptar la extradición del expresidente catalán, pero sólo por un presunto delito de malversación de fondos y no por el de rebelión, el principal cargo por el que lo procesaba el Tribunal Supremo y que podría suponerle hasta 30 años de prisión.

La audiencia explicó en su resolución que consideró "no admisible" el cargo de rebelión porque no apreció la violencia suficiente como para poner en peligro las instituciones del Estado, un requisito necesario para el delito de alta traición, el equivalente del código penal alemán. "La cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición no se alcanzó en los enfrentamientos en España", argumentó la audiencia en referencia a los incidentes de la jornada del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Tampoco admitió el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión, alegando que Puigdemont "no era el líder espiritual de las acciones violentas".

Ante el giro legal del proceso, los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxCAT y exlíder de la ANC Jordi Sànchez han pedido al Supremo que les deje en libertad, al considerar que la retirada de todas las euroórdenes demuestra la "endeblez" de la acusación por rebelión.

El Gobierno insistió ayer en que "la Justicia española no queda dañada" por la decisión de Llarena, según indicó su portavoz Isabel Celáa, que enmarcó lo ocurrido en las "discrepancias que se producen entre dos órganos judiciales", Asimismo, subrayó el "respeto profundo" del Ejecutivo a la separación de poderes y, por lo tanto, a las medidas adoptadas por los tribunales.

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