El Gobierno reformará la ley para echar a ANV de las alcaldías. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de anunciar que en su reunión de el Consejo de Ministros tomó la determinación de impulsar "cambios legales" con el objetivo de "impedir que representantes de una formación ilegalizada puedan gobernar municipios". Una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para actuar contra quienes "amparan con su ominoso silencio" la violencia etarra y a quienes "el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego". Y precisamente de eso, de que ANV salga de las alcaldías, depende que se mantenga e incluso se mejore la armonía y la buena sintonía que reina entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista, según advirtió hoy la número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

Después de ver cómo tras el asesinato de Ignacio Uría en Azpeitia ANV, que gobierna en este municipio guipuzcoano, se negaba una vez más a condenar la muerte de uno de sus conciudadanos a manos de la banda terrorista ETA, el Gobierno ha decidido tomar al fin cartas en el asunto. Consciente de la dificultad que entraña disolver los ayuntamientos en los que gobierna la formación proetarra en aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local, el Ejecutivo se dispone a acometer una reforma legal que le permita sacar a ANV de las alcaldías.

"Anuncio que el Gobierno va a promover las reformas legales necesarias para impedir que los representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos", afirmó De la Vega tras dar su pésame a la familia del empresario asesinado y subrayar que el Gobierno "redobla" su compromiso con la conclusión de las obras del tren de alta velocidad vasco tras el brutal atentado del pasado miércoles.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también quiso dejar claro que esta reforma ser realizará "como siempre, con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias" y, evidentemente, respetando escrupulosamente el marco constitucional. "Se trataría de introducir en la Ley de Bases de Régimen Local unas nuevas normas que produjeran el resultado que les he dicho", zanjó.

En todo caso, De la Vega señaló que de forma más inmediata el Gobierno está estudiando las posibilidades de actuar contra ANV de acuerdo a la actual legislación, aunque reconoció que será muy difícil. La norma por que podría intentar rascar algo el Ejecutivo es el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que en su punto dos incluye como causas para la disolución de un ayuntamiento que éste de cobertura o apoyo "expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución o enaltezcan o justifiquen" el terrorismo y también en el caso de que "menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familias". 

Pero el Gobierno no confía mucho en el éxito de esta vía y la vicepresidenta ya advirtió que según la jurisprudencia del Constitucional, para su aplicación este artículo exige conductas "graves" y que se produzcan de manera "reiterada". "Creo que el objetivo y los instrumentos están claros", apostilló De la Vega, que también se refirió al fondo de 8.000 millones de euros que el Gobierno repartirá entre los ayuntamientos para la creación de empleo. 

Y, ante la petición de que se excluya de estos fondos a los consistorios gobernados por ANV, reiteró que se aplicarán todos los mecanismos de control y transparencia para que lleguen "a los ciudadanos" y señaló que los ciudadanos vascos no tienen que verse privados de sus derechos por la acción de la banda terrorista, ya que "la inmesa mayoría hace mucho tiempo que dieron la espalda a la violencia y dijeron no a ETA". "Hace mucho tiempo que los ciudadanos dijeron que quieren vivir sin la terrible opresión que supone hacerlo bajo el yugo de los asesinos", sentenció.

Pero hasta que, bien por la aplicación de la actual normativa, o bien en virtud de una reforma legal, ANV no salga de las instituciones, "la sintonía entre PP y Gobierno en materia de terrorismo no puede ser completa". Así lo advirtió María Dolores de Cospedal durante el acto de lectura de la Constitución Española para conmemorar su XXX Aniversario en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el que aseguró que apoyarán al Gobierno siempre que "cumpla su palabra de no volver a negociar con ETA como hizo la pasada legislatura, y tenga como fin último la derrota de los terroristas".

"Por ahora parece que esta va a ser su intención, pero la tiene que manifestar de una manera importante en un asunto trascendental: hacer que ETA deje las instituciones y esté fuera de los ayuntamientos", apuntó la secretaria general del PP que, antes de conocer el anuncio de De la Vega, exigió que el Gobierno use "todos los medios jurídicos a su alcalde como en su día se hizo", y recordó que "fue una mala idea" permitir que ETA volviera a las instituciones.