España

El Gobierno reformará los desahucios para evitar suicidios

  • Ábalos afirma que la modificación quiere evitar "tragedias" como el de una mujer el lunes antes de su desalojo

Ábalos, durante su comparecencia en el Senado. Ábalos, durante su comparecencia en el Senado.

Ábalos, durante su comparecencia en el Senado. / Luca Piergiovanni / Efe

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El Gobierno articulará cambios en los procedimientos de desahucio por los que se articulará un "proceso especial" para las personas que se encuentren en una "situación vulnerable" con el fin de evitar que vuelvan a registrarse "situaciones trágicas" como la acontecida el pasado lunes en Madrid con el suicidio de una mujer.

El Ejecutivo modificará la Ley de Enjuciamiento Civil y fomentará una mayor coordinación con los servicios sociales en casos de desahucio, de forma que los procesos de levantamiento ante impagos se paralicen hasta que intervengan dichos servicios sociales, según avanzó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. "No queremos que nunca más tragedias como la del lunes, y muchas otras que hayan quedado silenciadas, vuelvan a ser noticia, no debemos tolerarlo", aseguró en una comparencencia en el Senado en referencia a la mujer que se precipitó por la ventana de la vivienda que ocupaba en alquiler en el momento en que iba a ser desalojada.

Las medidas para cambiar los desahucios se toman en tanto se disparan los supuestos de desalojos de viviendas en régimen de alquiler, frente a los de pisos en propiedad registrados durante la crisis, como consecuencia del aumento del precio de las rentas.

En el segundo trimestre de este año, el desalojo de pisos en renta creció un 6,1% de forma que supusieron el 61,2% del total, mientras las ejecuciones hipotecarias cayeron un 8,5%, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.

Entre el resto de iniciativas de este real decreto figura una "reforma fiscal" en la que trabaja el Ministerio de Hacienda con el fin de contribuir a "estimular la oferta de vivienda en alquiler y moderar sus precios". Además, incluirá la anunciada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para volver a ampliar desde tres a cinco años la duración del contrato de alquiler, así como limitar a dos mensualidades de renta las garantías adicionales a la firma del contrato, y garantizar que los gastos de esta formalización contractual corran a cargo del propietario de la vivienda en el caso de que sea una empresa.

Asimismo, se aprovechará la reforma de esta Ley para "acotar" el término de vivienda de uso turístico, "con el fin de garantizar que el parque de viviendas se destine de forma prioritaria a cumplir su función social de garantizar el derecho a la vivienda".

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