El Gobierno ha logrado evitar que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explique en el Congreso la reforma de la financiación autonómica al convencer a ICV de que retirase su petición, para lo cual se ha comprometido a acordar el nuevo modelo antes de tres meses.

La Diputación Permanente de la Cámara Baja, por tanto, debatirá este miércoles una solicitud de comparecencia del jefe del Ejecutivo, la del grupo parlamentario popular, cuya portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que Zapatero "debe dar la cara" para aclarar qué criterios seguirá el Gobierno en la negociación con las comunidades autónomas.

Además, tras indicar que el presidente ha creado "incertidumbre" al respecto, ha defendido su comparecencia en la Cámara, y no la del vicepresidente económico, Pedro Solbes, porque resultaría "positivo" para todos los demás grupos parlamentarios.

Su homólogo en el grupo socialista, José Antonio Alonso, ha defendido la comparecencia del ministro de Economía por cuanto dará las claves de la reforma y un enfoque "más técnico".

La intervención de Solbes en el Congreso, una iniciativa que quedará formalizada con el fin de que se celebre antes de finales del presente mes, es uno de los aspectos del acuerdo que han alcanzado hoy el Ejecutivo central e ICV, representados por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y Joan Saura, respectivamente.

Ambos se entrevistaron el pasado fin de semana y pactaron que la formación catalana retirase su solicitud con la contrapartida del Gobierno de tener listo, antes de tres meses, un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica conforme con todos los estatutos.

Pese a mantener su petición de comparecencia de Zapatero, el PP no tendrá mañana el apoyo suficiente para que sea aprobada.

CiU ha destacado que no respaldará la iniciativa del grupo popular porque pretende sólo perjudicar al Gobierno, si bien ha expresado su disconformidad con los plazos para llegar a un acuerdo sobre el sistema de financiación que plantea el PSOE, tres meses.

El portavoz adjunto de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha señalado que dar al Gobierno ese tiempo supone "marear la perdiz y vender humo". "Hemos tenido la paciencia de un franciscano, hemos esperado los dos años que marcaba el Estatuto y ahora no tiene sentido negociar tres meses más", ha añadido.

También ha dicho que la aceptación de la propuesta socialista por parte del líder de ICV y conseller de Interior y de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, evidencia "la debilidad" del Ejecutivo catalán.

Para el mandatario ecosocialista, este acuerdo con el Gobierno central permitirá retomar unas negociaciones que se encontraban "deterioradas".

Otro partido que no apoyará al PP, pero al que tampoco le resulta satisfactorio el acuerdo del Gobierno y de ICV, es ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Joan Ridao, opina que los ecosocialistas "han defraudado las expectativas" creadas.

A su vez, ha reclamado unidad de las fuerzas políticas catalanas y "una separación clara entre el papel de la Generalitat y los partidos".

El PNV no se distanciará de CiU en la votación de mañana en la Diputación Permanente, por lo que no dará su apoyo a la pretensión del PP, que de esta forma sólo podría encontrar respaldo en alguno de los partidos del Grupo Mixto (BNG, CC, UPyD o Na-Bai), lo que en cualquier caso le resultaría insuficiente.