La consejera de la Presidencia, Neus Munté, ha garantizado este martes que el Gobierno catalán mantendrá en pie su hoja de ruta soberanista y ha negado al Tribunal Constitucional (TC) que pueda actuar como un "tribunal ejecutor", capaz de tumbar "opiniones o debates que tienen un carácter político".

Este mediodía, al término de la reunión semanal del Gobierno catalán, representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han entregado personalmente a los miembros del Ejecutivo catalán la resolución del TC por la que suspende las conclusiones del proceso constituyente aprobadas el 27 de julio por la cámara catalana y que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia. Justamente en la reunión, la última antes del paréntesis veraniego hasta el 30 de agosto, el gobierno que preside Carles Puigdemont ha analizado las consecuencias del último paso dado por el Constitucional.

Después de días de especulaciones sobre las acciones que podría emprender el TC contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, Munté se ha mostrado convencida de que el Gobierno del PP querría que el Alto Tribunal "hubiese ido mucho más allá". En la línea de las primeras reacciones de ayer de Junts pel Sí y del propio Puigdemont, Munté ha evitado, en rueda de prensa, comprometerse a acatar lo que dictamine el TC en relación con el proceso constituyente catalán y ha puesto todo el acento en la "obediencia de este Ejecutivo al mandato democrático del 27-S". Eso significa que el Gobierno catalán tiene la "voluntad de continuar avanzando" en el despliegue de su hoja de ruta soberanista "con toda la celeridad" posible, porque se trata de un camino "plenamente democrático, que surge de las elecciones del 27-S".

Según Munté, es "absolutamente legítimo" que el TC actúe como "árbitro" para dictaminar si las leyes se ajustan o no a la Constitución, pero no puede "entrar a dirimir" sobre la constitucionalidad de "debates parlamentarios, declaraciones políticas o conclusiones que emanan del normal funcionamiento de un Parlamento", algo que ocurre "demasiado a menudo". Ni el TC es un "órgano ejecutor" ni la Constitución debe ser concebida como un "código penal", ha remarcado la consejera, que ha recordado que la Carta Magna "ampara la libertad de expresión y de opinión", por lo que no debería ser posible anular las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente catalán.

Para Munté, las conclusiones aprobadas por el pleno de la Cámara catalana la semana pasada entran dentro de la categoría de "declaraciones políticas respetables, amparadas en el derecho a la libertad de expresión y opinión" recogido en la Constitución. Munté ha denunciado que el Gobierno del PP "utiliza" una reforma de la ley del TC "hecha a medida" para combatir los pasos adelante del proceso soberanista, "aprobada 15 días después de las elecciones del 27 de septiembre" y que se encuentra "recurrida".

Por otra parte, Munté no ha desvelado cuándo debe producirse un encuentro formal entre Puigdemont y representantes de la CUP para hablar de la cuestión de confianza, a la que se someterá el presidente de la Generalitat el 28 de septiembre. Sí ha confirmado que "hay contactos con diferentes formaciones políticas", aunque ha asegurado que aún no ha empezado la "negociación" para atar apoyos de cara a la votación de la cuestión de confianza. Sobre el hecho de que la Mesa del Congreso haya rechazado, con la abstención del PP, PSOE y Podemos, la solicitud del Partit Demòcrata Català, de formar un grupo parlamentario propio, Munté lo ha interpretado como una "represalia" por la aprobación de las conclusiones del proceso constituyente catalán.