España

El Gobierno catalán da marcha atrás en su registro de adhesiones

El consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, explicó ayer que la Generalitat ha decidido dar marcha atrás en su voluntad de crear un fichero con datos de ciudadanos que quisieran adherirse a las propuestas del Govern.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Homs recordó que el tripartito ya creó un fichero de este tipo, coincidiendo con el debate del Estatuto, y que entonces no se generó una polémica como la de estos días.

Homs exhibió en su comparecencia ante los medios un formulario de adhesión al Estatuto que el Govern, durante la época del tripartito, hizo, y añadió que en este caso, no se cumplió la Ley de Protección de Datos, puesto que el fichero no se regularizó, como establece esta norma.

El portavoz sí que admitió que "no fue acertada" la decisión de nombrar este fichero de datos de carácter personal sobre adhesiones a propuestas impulsadas por la Generalitat, por lo que el Govern decidió paralizar el proyecto.

Destacó que en ningún caso el Govern pretendía vincular este fichero con la consulta y el derecho a decidir y detalló que retira el proyecto "para que no haya ninguna sombra de duda".

"Keep calm", aseguró en inglés Homs, quien lamentó que a raíz de este fichero, se hicieran críticas al Govern, que tildó de apocalípticas, y además, recordó que en la orden que salió a exposición pública sobre esta base de datos, en ningún momento se vinculaba el archivo a cuestiones ideológicas.

El portavoz recalcó que es habitual que las administraciones tengan ficheros, y destacó que sólo en la Consejería de Presidencia, en la actualidad están contabilizados aproximadamente un centenar de archivos con datos personales de ciudadanos.

Homs aseguró también que tras el acuerdo con el PSOE alcanzado este sábado, el PSC "ya no tiene excusas" para no sumarse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por su parte, declaró que el Gobierno no aceptará ninguna medida "política ni jurídica" que se "enfrente" a la Constitución Española.

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