El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que el Gobierno no acudirá al Tribunal Constitucional si la Generalitat de Cataluña no promueve actuaciones en el desarrollo de la consulta alternativa del próximo domingo. En rueda de prensa al término de la Conferencia Sectorial de Justicia, Catalá ha respondido así tras ser preguntado sobre la posibilidad de que la votación de la consulta se produzca en la calle y no en colegios u organismos dependientes del Gobierno catalán.

"Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el Constitucional ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", ha explicado el ministro. No obstante, no ha mencionado cuál sería la actuación del Ejecutivo en caso de que la Generalitat intervenga directamente en el desarrollo de la consulta alternativa del próximo domingo.

En este sentido, ha dicho que si la Abogacía del Estado y la Fiscalía observan que se está vulnerando la ley se "promoverá la actuación que corresponda". Y en caso de que un ciudadano presente una denuncia ante cualquier órgano jurisdiccional en relación a la celebración de la consulta, "se tendrá que ver si se está violando el ordenamiento jurídico".

Ante la denuncia de la Generalitat sobre que el recurso del Ejecutivo ante el Constitucional impide la libertad de expresión, el ministro ha destacado que ese ejercicio "nadie va a impedirlo" porque en "en una sociedad democrática como la española, cada día hay movimientos populares y recogidas de firmas". "Pero lo que estamos poniendo de manifiesto desde haces meses es que un Gobierno no puede promover una consulta contraria a la Constitución". Además, ha tachado de "lógico y razonable" que las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña actúen para cumplir las normas como tiene que hacer, ha recordado, la Generalitat.

El Supremo rechaza suspender el recurso del Gobierno ante el Constitucional

El Tribunal Supremo ha rechazado anular la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Constitucional la convocatoria por parte de la Generalitat catalana de una consulta alternativa para el 9 de noviembre. La Generalitat pidió al Supremo esta anulación, pero el tribunal ha respondido que "no siendo revisable por esta Sala la actuación contra la que se dirige la Generalitat de Cataluña, no procede entrar en el debate cautelar que quiere plantear".

La Sección Séptima de lo Contencioso-administrativo del Supremo considera que la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo catalán no tiene sentido, entre otras razones, porque es tarde para suspender la impugnación del Gobierno central. El recurso del ejecutivo catalán, dice la resolución del Supremo, fue presentado el 4 de noviembre y fue deliberado a partir del miércoles, cuando el BOE ya había dado validez al recurso del Gobierno central y a su admisión por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, el Supremo recuerda a la Generalitat que le está pidiendo la suspensión cautelar de un acto administrativo que ya tiene efectos.

En su resolución, que se limita a no aceptar la medida cautelarísima solicitada, el Supremo adelanta además una probable inadmisión del recurso de la Generalitat. El acto del Consejo de Ministros cuestionado no es susceptible de ser recurrido, adelanta el Supremo en este sentido. Así, los argumentos de los magistrados resultan duros contra la pretensión de la Generalitat y señalan que, para examinar las pretensiones cautelares, es preciso que se soliciten respecto de actuaciones recurribles. "De lo contrario" el Supremo "carecerá de jurisdicción y tendrá vedado conocer no solo de las cautelares sino de la totalidad de las que se quieren hacer valer", dice el auto literalmente.

Siguiendo con esta línea que adelanta la inadmisión del recurso de la Generalitat en su conjunto, los magistrados del Supremo señalan que el acto del Consejo de Ministros recurrido no es susceptible de recurso contencioso, pues no es de los que la ley reguladora somete al control de los tribunales. Además, los jueces del Supremo añaden que es el Constitucional el que debería resolver sobre este asunto en concreto (la aspiración de la Generalitat de que no se acepte el recurso del ejecutivo central).

El Constitucional admitió el pasado martes a trámite el recurso del Gobierno central cuestionado por la Generalitat y suspendió cautelarmente por unanimidad la consulta soberanista alternativa. Al respecto de aquella decisión el Supremo recuerda que las resoluciones jurisdiccionales del Constitucional no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano judicial del Estado. La Sección Séptima del Supremo, que lleva las causas de Derechos Fundamentales, ha sido presidida por José Manuel Sieira, ha tomado su resolución sin escuchar a las partes (fiscal y abogado del Estado), como es propio de las medidas cautelarísimas.

Los Mossos estarán en máxima alerta el 9-N, con un dispositivo de 6.992 agentes

Los Mossos d'Esquadra estarán en máxima alerta el 9-N y desplegarán por toda Cataluña a un total de 6.992 agentes, en un dispositivo que estará dirigido en el Centro de Coordinación por el consejero de Interior, Ramon Espadaler, y la cúpula de la policía catalana. Según fuentes policiales, el dispositivo se iniciará a las 06:00 del sábado 8 de noviembre, aunque la mayoría de los casi 7.000 agentes que lo integran se incorporarán el domingo, 9 de noviembre.

En total, para el 9-N se desplegarán por todo el territorio catalán 6.992 agentes de los mossos, de los que 2.236 ya tenían asignado este día como una jornada ordinaria, mientras que los 4.756 restantes formarán parte del dispositivo específico desplegado con motivo de la movilización ciudadana que se prevé a raíz de la consulta. Los casi 7.000 agentes tendrán como misión garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público y no está previsto que escolten las urnas ni los puntos de votación, ya que en principio no se contempla que estén en un punto estático.

Además, como ha reconocido el propio consejero de Interior, Ramon Espadaler, los agentes que forman parte del dispositivo, en su calidad de policía judicial, acatarían una eventual orden judicial para retirar las urnas, aunque siempre actuarán en función de los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia.

El amplio dispositivo policial estará coordinado desde la Consejería de Interior, donde se constituirá el Centro de Coordinación (CECOR), presidido por Espadaler, y del que formarán parte también el director de la policía catalana, Albert Batlle, el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como la cúpula de la policía catalana. También está previsto que acuda al CECOR un mando de la Guardia Urbana de Barcelona, para coordinar la presencia de agentes de la policía local de la capital catalana. El CECOR presidido por Espadaler estará en contacto permanente con la Dirección General de Protección Civil y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), por si fuera necesaria su intervención.

El objetivo de este centro de coordinación es que la cadena de mando fluya sin obstáculos y los agentes a pie de calle sepan en cada momento cómo actuar si ocurre alguna incidencia a lo largo de la jornada, según las mismas fuentes. Además, también se constituirán otros nueve centros de coordinación territoriales, uno por cada región policial, dirigidos por el máximo responsable de los Mossos d'Esquadra de la zona, en contacto permanente con las policías locales de cada demarcación.